El jueves la Legislatura tratará en segunda lectura la ley de re-urbanización del Barrio Padre Carlos Mugica, que los vecinos rechazan porque fue realizada sin su aval y porque legaliza los desalojos forzosos y expropia las tierras que terminarán en manos del mercado inmobiliario cuando deberían tener un destino social. En ese sentido, un punto clave es que la norma permite que un comprador pagando el valor equivalente a tres hipotecas elimina el cargo de vivienda única familiar y puede cambiar el uso, algo que es ilegal de acuerdo a la Ley de Barrios Populares, que establece que cuando interviene Nación cediendo terrenos, esas tierras tienen que ser para viviendas sociales, justamente para evitar que terminen en manos de desarrolladores inmobiliarios. Esa contradicción entre la ley de Nación y la de Ciudad tornaría inconstitucional, según el titular del Observatorio del Derechos a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, a la ley impulsada por el oficialismo. “En este caso, el Congreso Nacional otorga tierras con ciertos condicionamientos: que sean para vivienda única familiar y se autorizan sólo comercios familiares, y esto se choca con lo que pretende Ciudad que quiere llevar grandes cadenas que destruyen la economía del barrio”.
