La Secretaría de Energía pidió al juez Pablo Cayssials, del fuero Contencioso Administrativo Federal, que rechace el recurso contra el congelamiento del precio del crudo presentado por la firma Vista Oil & Gas, comandada por Miguel Galuccio, ex presidente de la petrolera estatal YPF. La compañía sostiene que la decisión oficial impactó de lleno en los proyectos que venía llevando adelante en Vaca Muerta. 

Vista Oil & Gas solicitó el 20 de agosto ante la Justicia que se declare la inconstitucionalidad del decreto 566/2019 del Poder Ejecutivo que dispuso el congelamiento del precio de los combustibles, por 90 días, a los valores que tenían el 9 de agosto, último día hábil previo a las elecciones PASO. El precio del dólar fijado como referencia en esa norma era de 45,19 pesos (ahora se actualizó a 46,69 pesos), pese a que la divisa estadounidense se disparó hasta los 58 pesos, habiendo alcanzado picos cercanos a los 70 pesos en los momentos de mayor incertidumbre.

La empresa sostuvo que ese congelamiento torna "inviables" a sus proyectos y solicitó además que mientras se tramita la acción de amparo, se dicte una medida cautelar que suspenda el decreto, con lo que el juez Cayssials notificó al Estado para que produzca el informe que prevé la ley vigente en la materia. En una presentación de medio centenar de carillas, el Gobierno afirmó que la petrolera pretende que la Justicia haga prevalecer su interés particular por sobre el de la población en general.

El informe presentado por el Gobierno ante el juez sostuvo que para el dictado del decreto "se cumplieron todos los requisitos" constitucionales. Además citó antecedentes de jurisprudencia que habilitaron decisiones del PEN en casos de "emergencia económica", como el congelamiento de depósitos en los bancos.

"Las medidas dispuestas a través del decreto 566/2019 se enmarcan dentro de los parámetros de razonabilidad" y respetan en delicado equilibrio entre los sujetos de la industria del sector hidrocarburífero involucrado y los derechos de los usuarios y consumidores", apunta la presentación gubernamental. "El derecho buscó dar una respuesta urgente a una demanda social que no puede esperar la demora natural del debate propio del Congreso de la Nación", puntualiza. Destaca que "las normas constitucionales confieren al PEN la facultad de ejercer funciones legislativas en circunstancias excepcionales".

Ahora el magistrado deberá decidir si respalda la decisión del Ejecutivo o le otorga a Vista la medida cautelar. La empresa mientras tanto paralizó algunos de sus equipos y dejó en suspenso el plan de inversiones que había promocionado.