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A fines de 2017, la Legislatura porteña sanciona la Ley 5885 y autoriza a licitar y otorgar, como concesión de servicio público, la operación y el mantenimiento del servicio de subte y premetro.
El debate acerca del uso de la fuerza, la Seguridad Democrática y los Derechos Humanos, de vigencia permanente, ha alcanzado en los últimos tiempos un subrayado especial.