La médica de Tartagal se encontraba encausada desde hace más de un año y estuvo presa por unas horas por pedido del fiscal Vega y decisión del juez Mariscal Astigueta.
Por ahora, los vecinos del puesto Pozo Pancho, ubicado en el departamento santiagueño de Alberdi, se encuentran en alerta.
La comunidad ya realizó las denuncias ante la Policía y espera la resolución frente al incumplimiento de la orden emitida por la jueza María del Huerto Sapag.
El demandante se encontraba aprobado dentro del Registro del Programa Cannabis (REPROCANN), del Ministerio de Salud de la Nación.
Los estudios que se conocieron ahora, son de pruebas realizadas en agosto tras el accidente minero que hubo en Agua Dulce, localidad potosina de Bolivia.
Vecinos criollos aseguraron que la Municipalidad dejó de llevarles agua hace un mes. Desde la comuna sostuvieron que la proveen, cuando pueden, porque los camiones están en mantenimiento constante.
Hay entre 12 mil y 16 mil familias de pequeños productores. En un registro que lleva la provincia solo hay anotadas 642.
Las órdenes judiciales de abstenerse de realizar las actividades ilegales y los controles muestran la ineficacia ante los resultados en la comunidad Territorios Originarios Wichí, de Tartagal, donde el desmonte sigue.
Pese a que cuentan con el relevamiento dispuesto en la ley 26160 y con las carpetas técnicas emitidas por el gobierno nacional, funcionarios judiciales desconocen este reconocimiento.
Funcionarios de Tarija, en Bolivia, confirmaron la contaminación con sustancias cuyos valores ya estaban altos antes de que se rompiera el dique de colas en la alta cuenca.
