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Las herramientas existen. Las recetas para reciclar la Corte Suprema están, de hecho, en boca de funcionarios, legisladores y dirigentes políticos: achicamiento del tribunal, juicio político, puesta en comisión de los jueces o renuncias son las que más incluyen en su prédica pública. Algo muy distinto, sin embargo, es lo que se les escucha decir entre bambalinas. Mientras las cacerolas siguen pidiendo “que se vayan, que se vayan” los cortesanos, son pocas las señales concretas de que, por lo menos en el corto plazo, alguna de las alternativas en danza prospere. “No podemos entrar en un apriete escandaloso”, es la filosofía que reina.
Cuando asumió la presidencia, el primer día del año, Eduardo Duhalde les dijo a varios dirigentes de su riñón que estaba decidido a provocar “una renovación en la Corte Suprema”. En los mismos términos conversó con el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra. Al nuevo ministro de Justicia, Jorge Vanossi, le tocó la tarea de reunirse con los supremos en son de paz, pero ni Duhalde ni nadie le pidió que elaborara alguna estrategia para propiciar cambios en el tribunal. Después vinieron los fallos de la Corte a favor del corralito. En la Casa Rosada bajaron el tono.
El miércoles último un grupo de senadores peronistas encabezados por Jorge Yoma hizo circular, con aval de Duhalde, una propuesta de reforma política –para implementar a través de una Asamblea Constituyente– que incluye la reducción de nueve a cinco el número de miembros de la Corte. Uno de los artífices de esa idea susurró en confianza a Página/12: “En verdad, a esta Corte el Gobierno la va a mantener un tiempo porque es necesaria, como mínimo, para bancar el plan económico”.
Mientras Yoma y compañía elaboraban su plan, un grupo de trabajo dentro del Gabinete nacional trazaba los ejes de otro esquema que descartaba de plano una reforma constitucional y, en principio, tampoco incluía el ítem Corte Suprema. Vanossi predica entre sus pares que lo mejor sería no hacer nada y esperar renuncias espontáneas o, eventualmente, que madure algún juicio político. El jueves, el panorama se complejizó aún más: en la reunión de Duhalde con los gobernadores el proyecto publicitado por los senadores no logró apoyo: hubo quienes evaluaron inoportuno y complicado llamar a elecciones para constituyentes.
O sea, no hay nada firme. Sólo unos cuatro mecanismos para sacarse a la Corte de encima complicando la cabeza de los dirigentes. Dos de esas posibilidades figuran en la Constitución: juicio político y renuncias.
Juicio político
“¿Qué juicio político le vamos a hacer a la Corte si son todos amigos nuestros”, buscó graficar un senador peronista, hoy alineado con Duhalde. No todos los legisladores piensan igual. Al menos el Frepaso y el ARI presentaron pedidos de remoción contra los supremos en los últimos días.
A pesar de ser la opción para cambiar la Corte con más aceptación en la comunidad jurídica, el juicio político no es fácil de concretar. Desde 1991 hubo cerca de un centenar de planteos contra ministros del máximo tribunal pero fueron desestimados.
En términos prácticos es un proceso que puede durar varios años. ¿Cómo empieza? Cualquier ciudadano puede presentar ante la Cámara de Diputados un pedido de enjuiciamiento contra los ministros de la Corte, que podrá ser aceptado o no por la Comisión de Juicio Político. Si la comisión acusa, la Cámara podrá trasladar la acusación al Senado siempre que reúna dos tercios de los votos. Los senadores tendrán la palabra final sobre el futuro de los jueces bajo la lupa. También se necesitarán dos tercios para la destitución, cuyas causas podrían ser mal desempeño, delitos o crímenes comunes. Es evidente que tiene que haber un consenso muy alto para reunir tantos votos en cada cámara. La única vez que en Argentina cayó una Corte por juicio político fue en 1947, por iniciativa de Juan Domingo Perón. Losjuicios políticos en general, han sido pocos. Un problema agregado, ahora, es que desde que se renovaron las bancas en diciembre, la Comisión de Juicio Político no volvió a conformarse.
Reducción a cinco jueces
Para alterar el número de ministros de la Corte es imprescindible modificar la ley, aquella con que el ex presidente Carlos Menem montó la composición vigente de nueve jueces, con la que se aseguró una mayoría propia. El proyecto de Yoma, José Luis Gioja, Juan Carlos Maqueda y Carlos Verna dice que, además, habría que estipular el número de cinco en la Constitución. Ellos no están particularmente interesados en que se renueve a toda la Corte. Podrían quedar cinco de los jueces actuales, estiman. Dentro del Gabinete ya se oye una objeción a la teoría del achicamiento: la misma Corte Suprema podría declarar la inconstitucionalidad de la ley alegando que ellos duran en sus cargos lo que su buena conducta.
- “Si la reducción a cinco sale por ley, va a ser necesario tener cuatro vacantes garantizadas por renuncia, juicio político, o muerte de algunos de los jueces”, explican otros peronistas que apoyan esta vertiente.
- Aunque podrían quedar cinco de los actuales ministros, hay dirigentes que creen que las circunstancias y un clima opresivo impulsarían su renuncia en masa.
- Otra posibilidad es que aunque la ley reductora entre en vigencia, los mandatos de los jueces no caduquen hasta que se produzcan renuncias, remociones por juicio político o fallecimientos. Es decir, la decantación debería producirse sola, sin plazos.
- Si se reúne la Asamblea Constituyente y queda facultada para tratar reformas judiciales, podría hacer caer los mandatos de los jueces de turno. Hay un antecedente histórico: en la reforma constitucional de 1949 se interpretó que todos los jueces perdían estabilidad. Sólo podían volver a sus cargos si eran confirmados por el Poder Ejecutivo y el Senado.
Jueces en comisión
No es una opción prevista en ninguna norma, sólo una herramienta utilizada por gobiernos de facto. Implica que, de la noche a la mañana, los jueces pierden su estabilidad y deben dejar sus puestos a menos que sean nuevamente nombrados por el Ejecutivo con acuerdo del Senado.
Es la modalidad de recambio que alentó, días atrás, el diputado radical Leopoldo Moreau. El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota (PJ), también la incluyó en una propuesta de reforma propia: sugirió que todos los jueces que no hayan sido nombrados por el Consejo de la Magistratura -la mayoría de los magistrados de todo el país– pasen a comisión.
“Poner en comisión a los jueces, haría un daño terrible al país, mucho más que mantener la misma Corte que ahora”, sostuvo el jurista Andrés D’Alessio, ex camarista del Juicio a las Juntas. “Es totalmente inconstitucional”, coincidió el constitucionalista Rafael Bielsa.
Que renuncien
Es un pedido que apareció en todos los cacerolazos, sobre todo en dos que se hicieron frente al Palacio de Justicia. El Gobierno, si quiere, podría solicitar las renuncias de los jueces de la Corte. También podría inducirlas. O dejar que actúe una presión social tremenda. El ministro de Justicia es partidario de las renuncias “naturales”. Para los jueces, le gusta decir a Vanossi, “ha llegado la hora de las conciencias”.
En las filas del peronismo cercanas al Presidente, hay quienes creen que Guillermo López y Antonio Boggiano, de la mayoría automática menemista, se irían pronto. Ambos jueces estuvieron cerca de emprender la retirada con la gestión de la Alianza, pero el ex presidente Fernando de la Rúa decidió frenar las tratativas. Ahora hay también un sector que apuesta a la jubilación de Carlos Fayt. Aunque son puras especulaciones, ese panorama facilitaría el camino hacia un tribunal de cinco.
La ley del consenso
Si la intención es evitar que se sigan multiplicando los desbarajustes en todos los terrenos, cualquier decisión de cambio debería gozar de un amplio consenso político, que no es precisamente lo que sobra en este momento. No sólo es por las diferencias que puedan existir entre fuerzas y divisiones parlamentarias. El proyecto liderado por Yoma y, al parecer, respaldado por Duhalde, ya generó broncas en el Gobierno. “No coincide exactamente con lo que se había conversado”, protestó un integrante del Gabinete en diálogo con este diario.
Pero hay aún más variables en juego. Y una crucial pasa por el propio poder de la Corte. En estos días ha dirigido guiños de complicidad al Gobierno y al sistema financiero, avalando el corralito. Con la misma plasticidad, después de que Ibarra le planteó a Duhalde e hizo pública su convicción de que el tribunal requiere una renovación, los supremos comenzaron a estudiar la posibilidad de sacarle todo el dinero judicial -un importante volumen, que se usa para salarios e indemnizaciones, entre otras cosas– al Banco Ciudad.
Frente a las indefiniciones de la dirigencia política, no hay que excluir la posibilidad de que un amplio consenso social termine barriendo con ellas y acelere un proceso de recambio.