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Por Marcelo Parrilli (*)

Otra vez volvió el tema de la llamada “violencia en el fútbol”. En realidad, la violencia propia de un determinado sistema político, económico y social de exclusión social que se expresa, como en tantos otros planos, también en los espectáculos deportivos y, en este caso, en el fútbol.
Otra vez, también, se pone el acento en los llamados “barrabravas”, a los que se califica, casi mecánicamente, de “vándalos”, “bestias” o “asesinos”. Muy pocos son los que, cuando tratan de abordar una solución en este tema, analizan el papel de la dirigencia deportiva, sindical y política de nuestro país. Otros lo hacen, pero de manera insuficiente. En esa escalera de responsabilidades suben el primer peldaño, el de los dirigentes del fútbol, pero no avanzan sobre los grandes responsables, los dirigentes políticos y sindicales.
Obviamente que la solución para este problema, como en general para los llamados “de seguridad”, no pasa, como muchos creen, por la represión, pero me interesa señalar que, cuando de represión se trata, la misma es selectiva, se vuelca exclusivamente sobre los más débiles, los más marginales, los menos responsables, en definitiva, en la cadena del delito.
La ley actualmente vigente para la prevención de la violencia en el deporte, llamada (con perdón) “Ley De la Rúa”, dirige centralmente las sanciones sobre los llamados “barrabravas”, deja lejos de una posibilidad de castigo efectivo a los dirigentes del fútbol y –mucho peor– nada dice de los dirigentes sindicales y políticos que utilizan a los barras para ganar internas, controlar sindicatos, deshacerse de todo tipo de oposición. El nuevo paquete de medidas represivas, ideadas por el vicepresidente Scioli, es aún peor.
La nueva ley para la “prevención de la violencia en el deporte”, que ya tiene aprobación del Senado y está siendo ahora tratada en comisiones en la Cámara de Diputados, aumenta de manera brutal las penas para los integrantes de las barras, no avanza sobre las responsabilidades de los dirigentes deportivos y, como la anterior, nada dice de los sindicalistas y políticos que financian, sostienen y protegen a estos grupos.
Además, en el paquete represivo, se contempla incluir como nueva agravante de homicidio calificado el del homicidio por “odio deportivo”, sancionándolo con pena de prisión perpetua. Mientras tanto, muy lejos de todas estas sanciones, e incluso de las previstas en el propio Código Penal, los Duhalde, Menem, Rousselot, Zanola, Curto, Barrionuevo, etcétera, forman parte del coro que reclama “mano dura” para los “barrabravas”.

* Abogado de familiares de las víctimas en el fútbol.