Nueve meses después de que el Organismo Nacional de Administración de Bienes (Onabe) recomendara al Ministerio de Planificación intimar a la Sociedad Rural por los casi 94 millones de pesos que adeudaba por la compra del predio ferial de Palermo, aún no hubo un solo movimiento para formalizar el reclamo estatal. Aunque va por un carril administrativo independiente, este trámite congelado en los vericuetos de la burocracia pública se liga con la investigación judicial en la que se discute la privatización de esas tierras a presunto precio vil, causa que la Justicia acaba de dictaminar que no está prescripta.

El otrora funcionario de Economía y uno de los imputados en el juicio penal por los cargos de supuesta defraudación en perjuicio de la administración pública e incumplimiento en los deberes de funcionario público, Gastón Figueroa Alcorta, había reclamado la prescripción de la causa que también involucra como máximos responsables del poder político a Carlos Menem y Domingo Cavallo, pero los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun rechazaron el pedido. “El plazo de prescripción de diez años previsto para el delito endilgado fue interrumpido el 12 de noviembre de 2008”, explicaron en la resolución. El expediente seguirá en manos del juzgado federal 12 de Sergio Torres.

El predio fue privatizado en 1992 por 30 millones de dólares, monto que luego quedó sujeto a revisión por exiguo. En el marco de ese análisis en ámbito judicial en el 2005 el Tribunal de Tasación de la Nación volvió a estimar el precio, considerando para la tarea los mismos criterios que se adoptaron en el momento de privatizar el predio: que el lote sólo sería utilizado para los fines previstos de realizar ferias y exposiciones, descartando otros usos como una explotación inmobiliaria convencional. La nueva cotización oficial fue de 182 millones de pesos, en moneda dura, el doble de su valor de venta.

Pero a ese presunto pecado de origen, la venta del predio de Palermo sumó otro problema aún irresuelto. El último pago del precio que la Sociedad Rural convino integrar en cuotas fue realizado en septiembre del 2001, cuando aún le restaban pagar 20 millones de dólares. Desde entonces, la discusión con el Estado transitó por caminos intrincados. Las obligaciones asumidas por la entidad patronal se pesificaron y, reconvertidas, su default generó los punitorios previstos en el contrato: 10 mil dólares por día y ajuste anual del saldo por Libor.

La entidad que preside Hugo Biolcati arrimó a las oficinas públicas varias propuestas de pago que fue mejorando progresivamente hasta llegar al monto tope de 18 millones de pesos, muy lejos de lo que estimaron hace meses los técnicos del Orbe como saldo pendiente de pago. El organismo que preside Fernando Suárez calculó que al 30 de abril de 2009 la entidad del campo adeudaba 93,43 millones de pesos, cifra que de recalcularse hoy superaría los 100 millones de pesos.

El Onabe envió la sugerencia de formalizar la intimación al ministro Julio De Vido quien luego debía remitirla a la Jefatura de Gabinete para que avale una nota de reclamo a la entidad patronal. Este sería el punto de partida para una eventual judicialización del pleito, que en un futuro pudiera forzar a los ruralistas a honrar sus obligaciones. Pero Planificación decidió buscar la opinión de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la recomendación empezó a transitar lentamente otras oficinas públicas sin que se haya alumbrado todavía aquella apelación.

La lentitud oficial alivia a los ruralistas tanto como a los socios en la explotación del predio, la firma presidida por el diputado opositor Francisco de Narváez, que habría asumido la carga de pagar esa deuda en discusión. Finalmente, si la Justicia considerase que la operación fue concretada a precio vil todo volvería a foja cero. El Estado recuperaría el predio y tendría que devolver a los ruralistas lo pagado.