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Durante las tres horas que expuso frente a los diputados de la Comisión de Finanzas, Alfonso Prat Gay hizo esfuerzos por evitar inmiscuirse en la pelea que mantienen los bancos con el Ministerio de Economía por el tema redolarización. Pero dejó entrever que estaría en contra de que el Estado continúe emitiendo deuda nueva. Para el titular del Central, si el Gobierno contrajera más deuda de la que ya tomó, se tornaría más complicada la negociación con los acreedores que tienen títulos públicos en default y aun con el FMI, que reclamaría un mayor superávit fiscal para cumplir con los pagos postergados. Al mismo tiempo que reconoció este hecho, Prat Gay advirtió que los bancos no podrían devolver los depósitos atrapados en efectivo, y mucho menos que el BC emita moneda para auxiliarlos.
Durante el encuentro con los legisladores, el titular del Central utilizó una estrategia similar a la del ministro Lavagna: minimizó los efectos del fallo redolarizador de la Corte y afirmó que habría que analizar los eventuales fallos que se sucedan para buscar una solución definitiva al tema. Al respecto, apuntó que los 60 días otorgados por el máximo tribunal para que el Banco Nación y la provincia de San Luis acuerden la devolución del depósito abrió un compás de espera. Cuando los diputados quisieron arrancarle una definición, Prat Gay se escudó en que es Economía quien debe encontrar una solución al tema negociando con los bancos.
No obstante, el funcionario se permitió un análisis: manifestó, en forma tajante, que las entidades financieras no están en condiciones de devolver los depósitos en efectivo. “En conjunto tienen 20.000 millones de pesos de patrimonio. No podrían reintegrar en efectivo ni siquiera los 10.000 millones de los cedros”, apuntó. También descartó que el BC emita esa cantidad para auxiliar a las entidades. Fue en ese momento que se pronunció contrario a que el Estado siga emitiendo nueva deuda. Lo que no dijo Prat Gay fue cómo solucionaría el tema de la redolarización.
En otra parte de su alocución, el titular del BC anunció que el Congreso recibirá un proyecto de ley en las próximas horas. Es el polémico sobre resguardo legal de los funcionarios del Banco Central. Prat Gay aseveró que no está buscando inmunidad. “Ningún delito quedará protegido”, aseguró. Para convencer a sus interlocutores dio un ejemplo: el de un directivo del Central que se encuentra procesado por la Justicia tanto por haber otorgado auxilio financiero a un banco como por haberlo negado.
La otra iniciativa sobre la que trabajan los técnicos del BC refiere a cambios en las normas prudenciales. Prat Gay manifestó que existen empresas que tras la devaluación pasaron a ser viables pero que no podrían recibir créditos porque se encuentran sobreendeudadas según la normativa en vigencia. Y que por eso va a cambiar la forma de calificar a los deudores. “Están dadas las condiciones para tener un sistema financiero sano. Pero el regreso del crédito será paulatino; no espontáneo”, afirmó.
Prat Gay se mostró optimista. Aseguró que las metas del programa monetario se cumplen de acuerdo a lo previsto. Y que, en forma desestacionalizada, si se anualizara la inflación de enero y febrero daría apenas el 8 por ciento. No obstante, planteó dos interrogantes sobre el futuro económico inmediato: el impacto del proceso electoral y la evolución de los amparos.
En otro tramo, los diputados Julio Loutaif (Renovador de Salta) y Darío Alessandro (Frepaso) se quejaron por las altas tasas de interés que están cobrando las tarjetas de crédito, de entre 80 y 90 por ciento anual. Prat Gay, primero, estimó que ese costo se ubica en torno del 50 por ciento. Pero después aceptó que el BC es lento para controlar que los bancos emisores no traspasen el máximo permitido del 25 por ciento por encima de la tasa de los préstamos personales. El funcionario también prometió publicitar los costos que cobran los plásticos y dar curso al defensor del Pueblo.