ECONOMIA › MARTIN GUZMAN, ECONOMISTA QUE TRABAJA CON JOSEPH STIGLITZ, ASEGURA QUE LA ARGENTINA NO ESTA EN DEFAULT

“Hay que acabar con el negocio buitre”

En una entrevista exclusiva con Página/12, el especialista que acompaña al Premio Nobel de Economía analiza la estrategia del Gobierno para enfrentar a los fondos especulativos. Respalda la Ley de Pago Soberano y la decisión de la ONU de poner freno a los buitres.

 Por Tomás Lukin

Desde Washington

Un año antes de finalizar su doctorado en Brown University, Martín Guzmán fue convocado por la Sociedad Internacional de Economía para comentar públicamente una investigación de Joseph Stiglitz. A partir de ese momento, el joven economista argentino y Stiglitz mantuvieron el contacto hasta que el ganador del Premio Nobel lo convocó a sumarse a su equipo en la escuela de negocios de la Universidad de Columbia. Desde entonces trabajan juntos, desarrollando modelos macroeconómicos alternativos a la fallida teoría dominante para explicar las crisis. En esta entrevista con Página/12, Guzmán cuestiona el accionar de los fondos buitre y ofrece precisiones sobre cómo debería funcionar un marco legal internacional para la reestructuración de deudas soberanas como el que impulsa la ONU.

–En el sistema financiero existe consenso respecto de que la deuda externa argentina está en default. ¿Comparte esa interpretación?

–La visión del sistema financiero y la prensa que representa esos intereses es sesgada y, en este caso, además es incorrecta. Argentina pagó sus deudas, pero el juez Griesa impidió que esos pagos se ejecuten. No es un default, sino un Griesafault. Un problema que Argentina no creó, pero que Argentina necesita resolver.

–¿La sentencia y las órdenes de Griesa ponen en riesgo futuras reestructuraciones de deuda?

–Absolutamente. Con fallos como el del juez Griesa, las reestructuraciones de deuda soberana serían imposibles. Esto viola un principio básico del capitalismo, aquel que establece que los deudores insolventes necesitan poder “volver a empezar”. La decisión del juez Griesa aborta la posibilidad de aprovechar al máximo los recursos con los que cuenta la sociedad, beneficiando a los buitres a expensas del país y sus acreedores.

–¿Hay alguna salida a la disputa legal en la Justicia de Estados Unidos que no ponga en riesgo la reestructuración de la deuda argentina aceptada por el 92,4 por ciento de los acreedores? ¿La Ley de Pago Soberano de la deuda externa apunta en ese sentido?

–La Ley de Pago Soberano es una medida razonable. Otorga a los acreedores que no están pudiendo cobrar un mecanismo para hacerlo. Es una invitación a los acreedores a cobrar en los tiempos preestablecidos, manteniendo sus opciones de no cambiar la jurisdicción de los bonos. Es una medida que sólo suma, no resta. Posiblemente no sea suficiente para solucionar el problema que enfrenta el país.

–En el último artículo que publicó con Joseph Stiglitz, concluyen que “en aras de una economía mundial sana, los buitres deben ser disciplinados”.

–La existencia de los buitres hace que los mercados de deuda internacionales funcionen de forma ineficiente e inequitativa. Ineficiente porque hace que las reestructuraciones se vuelvan largas y muy costosas, tanto para el país como para los inversores reales. E inequitativa porque afecta en mayor medida a las economías más volátiles, que son las que tienen más probabilidades de ingresar en una situación de default. Los buitres no son inversores reales. Ellos no les prestan a los países. Su accionar no produce ningún tipo de riqueza; al contrario, destruye la posibilidad de crearla al distorsionar el funcionamiento de los mercados de deuda. El negocio de los buitres es malo para la salud de la economía mundial y debe ser acabado mediante leyes adecuadas.

–¿El marco legal para reestructuraciones de deuda que se debate en la ONU representa una alternativa viable, incluso sin el respaldo de Estados Unidos?

–Los marcos regulatorios que impulse la ONU todavía deben ser delineados, pero deberían proveer a los mercados de mecanismos para evitar que el comportamiento buitre pueda emerger. El apoyo de Estados Unidos sería valioso, pero será difícil obtenerlo. A ellos les conviene que estos mecanismos se determinen en el FMI, en donde tiene una mayor influencia. Pero hay dos razones fundamentales por las cuales considero que la ONU es el escenario adecuado para la implementación de estos mecanismos en lugar del FMI. La primera es la mayor representatividad global de la ONU, justamente aquello que molesta a Estados Unidos. La segunda es que el FMI es un acreedor, mientras que la ONU no lo es. Tener a un acreedor definiendo cómo se deben reestructurar las deudas puede generar conflictos de intereses.

–¿Qué características debería tener un mecanismo sostenible y ejecutable de reestructuración de deudas soberanas?

–Primero debería fomentar a los países a iniciar los procesos de reestructuración sin retrasos innecesarios y sin imponer penalidades que empeoren la capacidad de pago, como políticas fiscales contractivas en momentos de recesión. Los momentos de recesión son cuando los países más necesitan financiamiento y, al mismo tiempo, es cuando menos financiamiento disponen. Para hacer frente a este problema, los nuevos préstamos para transacciones de corto plazo deberían ser tratados como deuda senior, es decir, como deuda que recibe prioridad para el cobro. Esto aliviaría parcialmente las dificultades para conseguir crédito.

–¿Cuáles serían los pasos a seguir?

–Dentro de un tiempo determinado a partir del pedido del soberano de reestructurar sus deudas, el país propondría un plan de reestructuración que detalle los aspectos del programa económico que determinará la capacidad de cumplir con ese plan. Quienes no estén de acuerdo deben enviar a la Corte de reestructuración propuestas alternativas. Esas propuestas tienen que precisar la metodología que los lleva a concluir que la propuesta original realiza una quita de deuda irrazonable. Si, por ejemplo, esas contrapropuestas sostienen que el país deudor tendría que aumentar sus impuestos y reducir gastos para mejorar su capacidad de pago, deberían proveer modelos económicos y evidencia empírica que den sustento a esas proposiciones.

–¿La historia de los deudores debería ser tenida en cuenta para determinar la justicia de la propuesta?

–La Justicia neoyorquina utilizó en el caso de Argentina la idea de que el país había sido históricamente un “deudor recalcitrante” como fundamento para su fallo. Si el término va a ser utilizado para tomar decisiones con implicancias económicas, tiene que ser definido de manera apropiada. No habría que mirar solamente con qué frecuencia un país declaró un default sino, también, cuánto pagó de intereses cuando no estuvo en default. Es teóricamente posible que países que ingresaron en default varias veces hayan otorgado, en promedio, rendimientos por su deuda más altos que Suiza o Estados Unidos, por haber pagado altas primas de riesgo.

–¿Hace falta algún mecanismo adicional para evitar que surjan fondos buitre?

–Debería prohibirse que se pueda comprar deuda en default en mercados secundarios para litigar en contra de los gobiernos. Esto era así en los tiempos de la doctrina Champerty, que prohibía esas prácticas. Pero los buitres tuvieron la capacidad de influir en la legislación para eliminar la Champerty, de modo de asegurar la buena salud de sus negocios. La doctrina Champerty debe ser restablecida.

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“Argentina pagó, pero Griesa impidió la ejecución. No es un default, es un Griesafault”, afirma Guzmán.
 
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