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El gigantesco aumento que sufrió la garrafa de gas licuado de petróleo durante los últimos años generó una situación de asimetría entre quienes consumen gas natural, en su mayoría sectores medios y altos de la sociedad, cuya tarifa fue pesificada, y los que se abastecen con GLP, más de trece millones de personas, de los cuales diez millones se encuentran bajo la línea de la pobreza, que debieron enfrentar el aumento de los precios en forma directa. De esta manera, mientras que la inflación minorista subió 44,5 por ciento entre diciembre de 2001 y abril de 2003, la garrafa de 10 kilos aumentó de 8 y 9,50 pesos a 25 y 30 pesos, según la zona del país. Un usuario de GLP pagó cuatro veces más que uno de gas natural y gastó un 12 por ciento de su presupuesto para abastecerse.
Según un estudio elaborado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, la transferencia directa de los precios hacia los consumidores generó un beneficio empresario de más de 4600 millones de dólares, en los últimos seis años. Esta transmisión de dinero de los más pobres a los más ricos es producto del oligopolio y de la ausencia de definiciones por parte del Estado dirigidas a capturar parte de la renta petrolera. Una sola empresa (Repsol-YPF) es la que tiene el 55 por ciento de la producción, el 64,2 por ciento del transporte y el 78,2 del almacenamiento.
Este proyecto sobre regulación del gas licuado de petróleo (GLP), que en los próximos días transformará en ley el Senado, será injusto para los que menos tienen y sólo beneficiará a las empresas, ya que no declara servicio público a las actividades vinculadas con el GLP. La declaración de servicio público permitiría que el Estado pueda frenar los abusos y fijar tarifas. Junto a ello el proyecto determina que el precio de las garrafas sea determinado por los costos internacionales que lo encarecen altamente. Además, transformará a las empresas petroleras en los únicos dueños de las millones de garrafas que se comercializan en la Argentina, ya que aplicará un concepto jurídico inédito en materia de dominio: la marca de la garrafa otorgará la titularidad de la misma. Esto significa que la garrafa que diga YPF será de esa empresa, desapoderando así de las mismas a los usuarios y a las pequeñas cooperativas que históricamente las poseen. Este criterio antijurídico fue rechazado en Diputados, que introdujo en la redacción del proyecto sancionado el concepto determinado por el Código Civil: los bienes muebles son de quien los posee. Pero el oficialismo en el Senado tampoco acepta esa modificación.
En definitiva, se debe optar o por la defensa de los intereses de los diez millones de personas que viven bajo la línea de la pobreza o por el mayor beneficio de las empresas más rentables de la Argentina.

* Senador nacional, Partido Socialista.