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”La situación en Argentina es un verdadero descenso a los infiernos”, resume un documento de 60 páginas sobre la realidad económico-social del país elaborado por la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH) y por la Asociación Derechos y Democracia. El informe fue presentado ayer en París y se asemeja a otros trabajos realizados anteriormente por esas asociaciones en Argelia, Chile y Albania.
“Vemos cómo los derechos civiles y políticos están ligados a los derechos económicos y sociales. Y vemos cómo el Gobierno responde con una criminalización y con persecuciones judiciales a manifestaciones legítimas”, denunció Claude Katz, secretario general de la FIDH, en la difusión pública del documento.
A lo largo de las páginas, se describen de modo condenatorio los efectos de las políticas neoliberales sobre las capas mayoritarias de la población. “La trampa del ultraliberalismo” incluye un endeudamiento descontrolado en favor de intereses sectoriales, el avance de la corrupción, “la cultura de la impunidad”, el crecimiento de las desigualdades y la represión. Un capítulo está dedicado al papel cómplice del FMI en todo ese proceso. “Hay una sistemática violación de los derechos económicos, sociales y culturales”, se remarca en las conclusiones del trabajo.
El hecho de que los dirigentes no hayan podido resolver la crisis provoca un estado de desconfianza hacia las instituciones políticas. Katz indicó que “comprobamos una crisis muy grave en un país que se hunde en la miseria, donde se agrava la miseria”. El informe recuerda que en marzo último la población por debajo de la línea de pobreza era de alrededor de 17 millones de personas. “Hoy, tres meses más tarde, son 19 millones”, indicó Katz. “La curva es ascendente, la pobreza alcanza a una mayoría de capas medias. Es un verdadero descenso a los infiernos. No sabemos cuánto va a durar ni cómo el Gobierno va a poder remediar esta situación”, admitió el investigador, descorazonado. Y después repudió que la respuesta del Poder Ejecutivo sea “reprimir reclamos legítimos”.
El informe de la FIDH y la canadiense Derechos y Democracia no formula propuestas sobre cómo salir de la crisis. “No hacemos sugerencias sino que recordamos ciertos derechos y obligaciones”, explicó Katz.
“La obligación del Estado es asegurar el derecho a la alimentación y a la salud”, insistió luego. “Consideramos que todas las medidas tomadas por el gobierno o los organismos financieros internacionales deben respetar estos derechos”, añadió. A pesar de su negativa a sugerir medidas, las entidades manifestaron que “es importante instaurar un programa de seguridad alimentaria, desarrollar programas de salud y de educación en zonas rurales”.
La corrupción, señaló, es “un fenómeno grave que tiene por consecuencia acarrear un déficit de credibilidad de la democracia, porque los habitantes no tienen confianza en los dirigentes políticos, sindicales y órganos judiciales como la Corte Suprema de Justicia”. “Hay que terminar con la cultura de la impunidad”, concluye el informe.