ECONOMíA › FUERTE PRESION DE LA UNION EUROPEA

El abrazo del oso

En una declaración que arrimó apoyo moral, con el compromiso de enviar técnicos, una impresionante presión para que no se afecte el patrimonio de los bancos y un nulo compromiso de ayuda financiera, los gobiernos de la Unión Europea se refirieron a la crisis argentina. Pocas veces se manifestó de esa forma abierta el poderoso lobby europeo para defender los intereses de sus empresas en un país en crisis.
El sector financiero en Argentina “no debería soportar una parte disparatada de los costos de la devaluación como resultado de decisiones administrativas”, advirtieron los gobiernos de la UE en una declaración aprobada ayer en Bruselas, en la que, además, ofrecieron asistencia técnica y apoyaron “plenamente” el diálogo del gobierno con el FMI.
“Un sistema financiero que funcione correctamente desempeñará un papel clave en la solución de la crisis”, dicen los Quince en su documento. En este marco, recomiendan al gobierno argentino “tomar en consideración las consecuencias negativas de cualquier eventual ley de quiebra (ver página 6), la cual podría tener un serio impacto sobre el sistema bancario”.
“En el último período, la mayor parte de la carga derivada de los problemas de la deuda argentina ha recaído sobre los acreedores domésticos privados, incluidas las sucursales y filiales de bancos exteriores”, se quejaron.
La declaración de Bruselas, por otra parte, considera que “una reestructuración profunda y equitativa de la deuda internacional debe basarse en una implicación apropiada del sector privado con vistas a asegurar la sostenibilidad del servicio de la deuda de Argentina, que es la máxima prioridad”. Los representantes de los países europeos opinan que las áreas clave en las que debería concentrarse el programa económico son el establecimiento de un marco para las políticas fiscal y monetaria, el sistema bancario y el régimen de tipos de cambio.
“Es muy importante que el programa se adhiera a los principios de la economía de mercado y evite la discriminación contra los inversores y acreedores extranjeros”, dicen.

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