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@El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, llegó a la Argentina con el objetivo de aceitar relaciones con la plana mayor del gobierno de Eduardo Duhalde; el objetivo es claro: colaborar en la elaboración de un plan “sustentable” que no se aparte de la nueva receta de tres puntos que el Fondo Monetario Internacional sugiere a todos los países: flotación cambiaria, equilibrio fiscal y metas inflacionarias con mecanismos de indexación. Para tal fin, la semana próxima llegará al país una comisión de “expertos internacionales”, de países que vivieron experiencias similares a las que hoy atraviesa la Argentina. En principio, dicha comisión estará integrada por los presidentes de los bancos centrales de Chile, Carlos Massat, de Brasil, Arminio Fraga, y por el ex presidente del Banco Central de México durante el Tequila, Miguel Mansera.
Iglesias se reunió ayer con el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, funcionarios del área y legisladores nacionales quienes –según relató tras el encuentro uno de los participantes– le hicieron saber “que comparten la idea que no se puede caer en una emisión monetaria descontrolada” luego de que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central habilitara la emisión sin respaldo de divisas.
El objetivo declarado de la comisión impulsada por el titular del BID y el presidente estadounidense, George Bush, será la reestructuración del sistema financiero tras el doble impacto del corralito y la devaluación. El temor de los organismos financieros reside en el potencial desborde inflacionario que la pesificación podría generar si es acompañada por emisión. Una posibilidad latente, dados los recursos que serán necesarios para cumplir con las necesidades monetarias de la devaluación y las deudas del Estado con sus proveedores.
En este contexto, lo que se presenta como el nuevo paradigma cambiario, la flotación, no es sino el compromiso ideológico del Fondo Monetario con el tipo de cambio libre. Para la ortodoxia, la libre flotación resulta deseable en tanto supone una intervención mínima del Estado, donde la política monetaria debe reducirse al manejo de la cantidad de dinero. Como, según esta visión, la inflación depende solamente de la oferta monetaria, es sobre ella donde debe ejercerse el control. Así, garantizado el ajuste fiscal mediante un presupuesto equilibrado, el próximo paso consiste en asegurar que los desbordes no se produzcan por la vía de la emisión. Para tal fin, la receta en boga es el establecimiento de metas de inflación (inflation target), mecanismo que a su vez sirve de base para la elaboración de índices indexatorios.
Como esta receta fue aplicada con éxito en Brasil, y con matices en Chile y México, nada mejor que quienes la instrumentaron asesoren a la Argentina. Tal idea de Washington que además serviría para darle un marco de respaldo internacional al “plan sustentable” que resulte.
Pero qué puede aprender Argentina de las experiencias de estos países, en particular respecto al abandono de sistemas de tipo de cambio fijo: Brasil, el país que mejor siguió la triada de recomendaciones fondomonetaristas, representa un caso típico de aplicación del “inflation target”. Este sistema consiste en una definición previa de la inflación anual que se presenta en la carta de intención al FMI. Luego, los directores del Banco Central se reúnen semanalmente y definen el nivel de tasa de interés de referencia (Selic). Si la tendencia inflacionaria supera la meta, entonces se decide una suba de tasas, si está por debajo, una baja. El razonamiento subyacente es que la suba de tasas implica una retracción de la actividad, un enfriamiento de la demanda y, por lo tanto, una disminución de la inflación y viceversa. La cantidad de dinero a emitir, entonces, está en relación directa con estas dos variables (aumento de precios y tasas de interés).
Para dar un margen de previsibilidad a las transacciones económicas este sistema debe ser acompañado por un mecanismo indexatorio. En Brasil, loscontratos, por ley, sólo pueden indexarse una vez al año, generalmente sobre la base del índice general de precios mayoristas elaborado por la Fundación Getulio Vargas. El problema fue que en los últimos 12 meses este índice mayorista se incrementó el 10,4 por ciento contra el 7,6 de los precios minoristas, diferencia debida al peso que el tipo de cambio tiene en los precios mayoristas, integrados también por insumos importados. Como resultado, los consumidores resultaron perjudicados.
En Chile, el mecanismo fue menos sofisticado y consistió –a partir del año 1983 cuando la dictadura de Augusto Pinochet decidió salir del cambio fijo– en el reflotamiento de la utilización de la Unidad de Fomento, una suerte de moneda indexada (mediante un procedimiento estadístico vinculado a la inflación) para las operaciones financieras, el pago de servicios y alquileres, entre otras transacciones. Lo insólito del caso Chileno, el modelo de referencia del presidente Duhalde, es que durante muchísimos años existió esta indexación financiera, pero con salarios congelados, lo que dio lugar a una significativa distribución regresiva del ingreso. La baja inflación de los últimos años, sin embargo, atenuó los efectos.