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Según desde dónde se lo mire, puede considerarse una rendición paulatina y disimulada o el simple imperio de la lógica económica. Pero para universalizar servicios públicos, evitar el colapso energético o el derrumbe en la calidad de las prestaciones, el Gobierno no encontró otro camino que admitir la suba de tarifas o asumir por sí mismo las inversiones que las privatizadas no están dispuestas a hacer. Chances, que hasta no hace mucho, eran sacrílegas.
La consigna inicial para revisar las privatizaciones tras la devaluación era política y moralmente inapelable: si las empresas tuvieron ganancias sustanciosas –aunque fueran exageradas respecto de las factibles en otro lugar del mundo o se girasen de inmediato a filiales del exterior en lugar de reinvertirse–, bien podrían “tolerar” una suba de sus costos con tarifas congeladas. Algo así como un trago amargo después de mucho dulce.
El problema es que este loable criterio de compensación no tiene sustento legal, ya que no hay norma que penalice un negocio próspero y ni siquiera una que fije un parámetro objetivo para determinar qué es una “rentabilidad razonable” en la Argentina de los ’90, concepto que sí fue incluido en los contratos con las privatizadas.
Cuando miraron hacia adelante, los negociadores oficiales se toparon con otra restricción quizás, más complicada. El nivel tarifario actual no alcanza para garantizar todas las inversiones que serían necesarias para que los servicios tuvieran el nivel deseado. Tampoco para honrar la deuda que las empresas contrajeron en moneda dura.
Un caso emblemático en este sentido es el de Aguas Argentinas, que tiene una controvertida historia de incumplimientos en sus planes de obra. El dilema al que se enfrentó el Gobierno es que los números actuales de la sociedad liderada por Suez no permiten llevar este vital servicio a lugares que hoy no lo tienen y donde comenzaron a proliferar enfermedades derivadas de su falta. Con los millones de facturación actual no puede salirse del default e invertir en nuevas redes.
Bajo el comando conjunto de Planificación y Economía, la Unidad de Renegociación apuesta a la vía combinada de autorizar un aumento de tarifas del 20 por ciento, dejando en manos del Estado la expansión de la red, tarea que podría encarar en parte con el cobro del servicio, en parte con fondos propios. Para eso puede tomar préstamos de organismos y, de última, existe un superávit fiscal.
Un protagonismo similar al que ya asumió el Estado al reprivatizar las rutas nacionales por el sistema de peaje. Para eludir un aumento de tarifas, dejó en manos de los privados sólo la operación y mantenimiento, asumiendo las inversiones fuertes, incluidas las que no habían ejecutado los anteriores concesionarios. El mismo esquema con el que rediscute las privatizaciones ferroviarias.
La lógica de aquellos casos tampoco es demasiado diferente a la que aplica el Gobierno cuando plantea asociarse con un 20 por ciento a Aeropuertos Argentina 2000, con el argumento de capitalizar acreencias en lugar de cobrarlas. O la que inspira la creación de Enarsa con el ánimo de “regular” precios en un mercado libre y oligopólico o de explorar allí donde el capital privado no tiene interés porque el riesgo es tan grande como la inversión necesaria.
Para alentar a las energéticas se apeló al “sendero de precios” que hoy anima a las generadoras de electricidad y a las productoras de gas. Con ajustes graduales, esos insumos críticos de la economía recuperarán el valor en dólares que tenían antes de la devaluación y, también gradualmente, van impactando en las facturas de las distribuidoras. Caso contrario, no se garantizaba la provisión de energía necesaria para evitar apagones severos, cuyo costo político es mayor al de un aumento de precios demorado en el tiempo.