El mandatario sandinista Daniel Ortega sacó un as de la manga y se ganó ayer un lugar en la próxima elección presidencial nicaragüense del 2011. La Sala Constitucional de la Corte Suprema dictó el lunes a última hora un fallo que declara inaplicable el artículo de la Constitución Nacional que prohíbe la reelección inmediata del presidente y los alcaldes.

Ortega había intentado impulsar una reforma constitucional en el Congreso, pero la oposición liberal se negó a entregarle los votos. Por eso, hace una semana, él y los 109 alcaldes de su partido presentaron un recurso de amparo. “Los diputados opositores hubiesen querido negociar sus votos a cambio de una serie de cargos públicos, pero la verdad que no era necesario caer en ese desgaste. Lo mejor era cortar por lo sano y eso fue lo que hicimos”, explicó via telefónica el vicepresidente de la Corte Suprema y sandinista declarado, Rafael Solís.

Según el juez Solís, se convocó la sesión de la Sala Constitucional a última hora de la tarde del lunes. “No es nuestra culpa si algunos jueces están acostumbrados a irse antes a sus casas”, señaló el vicepresidente de la Corte. No dio más detalles. Como los tres jueces liberales de esa Sala no aparecieron, los reemplazaron con tres suplentes, todos sandinistas.

La oposición cuenta otra historia. “Sólo se intentó conseguir miembros del partido del gobierno. Eso fue lo que pasó”, sintetizó el juez Manuel Martínez, presidente de la Corte y militante de la primera fuerza opositora, el Partido Liberal Constitucionalista. Según relató Martínez a los medios locales, recién ayer por la mañana dos de los tres miembros liberales de la Sala Constitucional encontraron las notificaciones debajo de la puerta de sus oficinas. No tenían fecha ni hora de emisión, según el magistrado liberal. El tercer miembro de la oposición estaba fuera del país.

El fallo de los seis jueces sandinistas agarró desprevenida a la oposición. “Habían rumores de que estaban buscando otras alternativas, pero acá nunca se sabe”, señaló el líder liberal Eduardo Montealegre. No bien se enteró, el dirigente y empresario calificó el fallo de un “golpe de Estado institucional”. Del otro lado del teléfono, ayer por la tarde se lo escuchaba desanimado, casi derrotado. “Jurídicamente no podemos revertir el fallo”, reconoció, molesto.

El viernes pasado, su bancada y los sandinistas disidentes habían firmado una resolución en el Congreso en la que se comprometían a no apoyar, por ninguna razón, una reforma constitucional que abriera la puerta a una reelección presidencial. “Creo que fue eso lo que aceleró los tiempos de la decisión de la Sala Constitucional”, afirmó.

En 1995, cinco años después de que los sandinistas hubieran sido derrotados en las primeras elecciones desde la Revolución Sandinista de 1979, los liberales aprobaron una reforma constitucional que prohibía la reelección presidencial inmediata. Pero desde que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) recuperó el gobierno de la mano del ex comandante Ortega en 2006, la idea de reinstalar la reelección presidencial se coló en el debate nacional, como una obsesión del oficialismo y un fantasma de la oposición.

Desde principios de año, Ortega intentaba negociar los votos en el Congreso, pero el viernes pasado su ex rival electoral, el empresario Eduardo Montealegre, le dejó en claro que no habría reforma a través del Congreso. El único camino que le quedaba era la Justicia. Su abogado entonces presentó un recurso de amparo, argumentando que el artículo constitucional que prohibía la reelección presidencial violaba sus derechos.

“La Sala Constitucional determinó que ese artículo contradecía los artículos de la Constitución que establecen la igualdad de todos ante la ley, el derecho de todas las personas a ser elegidas para un cargo público y el del pueblo a elegir a quien quiera”, explicó Solís, el vicepresidente de la Corte Suprema.

Martínez, el número uno del máximo tribunal, no está de acuerdo con su colega, pero reconoce que no se puede hacer nada. “Es una situación de hecho. En apariencia se cumplieron las formas, pero no es una decisión legítima”, aseguró. El fallo tiene las seis firmas que requiere, aunque son las seis de jueces sandinistas.

Sin herramientas legales, Montealegre, posible presidenciable liberal para 2011, ya comenzó a preparar el contraataque en la arena política. Ayer se reunió con el embajador de Francia en Managua, Thierry Fraysse, y le pidió la condena de la Unión Europea. El año pasado, el bloque europeo suspendió 100 millones de dólares de ayuda directa en solidaridad con las denuncias de fraude de todo el frente opositor –liberales y sandinistas disidentes– en las elecciones municipales. La oposición prometió no quedarse con los brazos cruzados, pero por ahora los sandinistas festejan sin miedo.