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Ubicada a casi 4 mil metros de altura, El Alto acaba de cumplir su vigésimo aniversario desde que fue declarada ciudad. Con un 82 por ciento de población indígena, esta urbe, autoconstruida por los vecinos, ha vuelto a transformarse en un dolor de cabeza para el gobierno boliviano. Los alteños reclaman la “salida inmediata” de la empresa Aguas del Illimani, controlada por la francesa Suez, por “discriminar a los barrios más pobres” en la extensión del servicio e indexar las tarifas en dólares. Un cabildo popular en la mañana de ayer decidió continuar con las medidas de fuerza e incluso radicalizarlas “tomando las instalaciones de la alcaldía”. No obstante, en la zona de la Ceja –uno de los barriosmás comerciales– el paro comenzaba a ceder.
Considerada por las clases acomodadas paceñas como “sucia y desordenada”, El Alto –con sus 750.000 habitantes– es colindante a La Paz: para cualquier punto del país hay que atravesarla transformando a cada bloqueo en un eficaz cerco sobre la sede de gobierno. La ciudad es resultado de sucesivos procesos migratorios, producto del minifundio rural y la crisis minera (en los años 80); de allí el fuerte abigarramiento entre lo urbano y lo rural, y las articulaciones de memorias mineras, campesinas e indígenas que se traducen en una identidad propia, con un fuerte tejido político y social organizado por las juntas vecinales.
Ahora, los alteños reclaman la salida de la empresa Aguas del Illimani, bajo control de la francesa Suez, por “discriminar a los barrios más pobres” en la extensión del servicio e indexar las tarifas en dólares. El pasado viernes, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), apelando a la “dictadura vecinal”, logró paralizar completamente la ciudad y revivió un paro que se mostraba débil. La huelga en El Alto, que se traduce en el bloqueo de sus principales avenidas, ha paralizado virtualmente el transporte terrestre, tanto de carga como de pasajeros, durante la última semana, después de que se registraran cortes que impedían el paso entre regiones e incluso hacia la Argentina, Chile y Perú. Luego de comprometerse a rescindir el contrato, las autoridades se resisten a expulsar a la empresa francesa sin una auditoría previa, ante el temor a las anunciadas represalias de la cooperación internacional y a un juicio que podría derivar en una millonaria indemnización por parte del raquítico Tesoro boliviano.
Un cabildo popular en la mañana de ayer decidió continuar con las medidas de fuerza. Pero en la zona de la Ceja –uno de los barriosmás comerciales– el paro comenzó a ceder; cada día de inactividad es una fuerte presión económica en una ciudad de comerciantes, lo que provocó algunos enfrentamientos verbales con los dirigentes barriales. Hoy por la mañana una reunión de presidentes de juntas vecinales decidirá la continuidad o no del “paro cívico movilizado” y, con ello, si le dan un respiro al renunciante presidente Mesa.