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El documento de la fábrica alemana Mercedes Benz, que ayer presentó la periodista Gaby Weber a la Cámara Federal de La Plata, prueba en forma irrefutable la complicidad del ex ministro de Trabajo y actual canciller Carlos Rückauf, la del dirigente mecánico José Rodríguez y la de la propia empresa con el exterminio de los catorce integrantes de la comisión interna, de la planta de Cañuelas. No hablaban de despedir, sino de eliminar y eso es lo que, al pie de la letra, sucedió.
La alianza entre las patronales, la burocracia sindical y el Estado no es una novedad, ni una exclusividad nacional. Rodolfo Walsh la describió en detalle en su investigación sobre el tiroteo en la pizzería La Real de Avellaneda, recopilada en el libro “¿Quién mató a Rosendo?”. Pero en la Argentina de mediados de la década del 70 esa antigua práctica fue llevada a niveles de perversión, porque se realizó en nombre de un movimiento de raigambre popular, como el justicialismo, y no implicó como hasta entonces la pérdida del empleo y algunos magullones a manos de una patota, sino la muerte y la desaparición del cuerpo.
El episodio descrito en los documentos que Gaby Weber entregó a los jueces expone también la perfecta continuidad entre el gobierno de la viuda de Perón y la dictadura militar que la sucedió. En estas páginas se reprodujo la foto de Rückauf sonriente con el futuro dictador Jorge Videla, porque transmitía un mensaje que ninguna palabra puede expresar con tanta exactitud. También se recordó aquí una y otra vez la firma de Rückauf en el decreto que en 1975 ordenó a las Fuerzas Armadas la política de aniquilamiento de lo que en forma genérica se denominaba la subversión. Lejos de avergonzarse, Rückauf se jactó de que volvería a hacerlo, de lo cual no hace falta más pruebas que su desempeño como gobernador de Buenos Aires en 2000 y 2001, dos años que bañaron la provincia en sangre. Ese decreto fue utilizado por la Junta Militar que en 1976 derrocó a la ex presidente Isabel Martínez de Perón para justificar los crímenes cometidos.
En el juicio de 1985 a nueve ex Comandantes se recogieron testimonios que mostraron cómo las tropas de asalto del general Ramón Camps que volteaban las puertas de las humildes viviendas de los delegados gremiales llevaban para identificarlos las fichas de la oficina de personal de la trasnacional estadounidense Ford Motor. Emilio Mignone narró en su libro “Iglesia y dictadura” la participación de la siderúrgica local Acindar en el asesinato de sus delegados gremiales. Ahora se documenta la complicidad de la transnacional alemana en la eliminación de los suyos.
Los juicios para establecer la verdad de lo que pasó con cada persona desaparecida también están fijando el conocimiento de los responsables de esa tragedia. Es el mismo fenómeno que ya ocurrió con la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que fue creada para compilar una lista de desaparecidos y avanzó sobre los desaparecedores más allá de la voluntad del gobierno que la creó. Más allá de las lecciones históricas (y de las advertencias sobre el presente) esto también reclama la acción de la justicia penal, ante la que los grandes responsables deben comparecer como reos, hayan actuado en los grupos económicos locales, las trasnacionales estadounidenses o europeas, la burocracia sindical, el gobierno venal y brutal que acabó con el viejo peronismo o en la dictadura sangrienta que fue su lógico corolario.