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Como si no alcanzara con la económica, ahora se ha instalado una crisis de poderes de final imprevisible. “Golpe institucional” fue la expresión más escuchada durante la nerviosa jornada de ayer en los pasillos de la Rosada y Olivos, donde los funcionarios analizaron el sorpresivo fallo de la Corte Suprema decretando la inconstitucionalidad del corralito. La medida fue interpretada como el manotazo de ahogado de unos jueces vengándose de las cacerolas y el juicio político, y al cierre de esta edición el Gobierno no había encontrado una respuesta concreta: en un improvisado mensaje, Eduardo Duhalde pidió a los argentinos que “no se dejen engañar”. No aclaró si desconocerá el fallo, impulsará una nueva ley o apurará el juicio político de los supremos.
Golpe
El fallo (ver asimismo página 5) argumenta en favor de la inconstitucionalidad del decreto del corralito. Sin embargo, como las decisiones judiciales se aplican siempre a un caso en particular, no implica el levantamiento automático de las restricciones. Desde luego, si el Gobierno no reacciona se producirá un aluvión de demandas, ya que cualquier ahorrista acorralado podrá pedir la liberación de sus depósitos. En el medio, se desatará una guerra de poderes que amenaza sacudir aún más al maltrecho sistema institucional.
Indignados, los funcionarios leyeron la resolución como poco menos que un golpe de Estado. La expresión fue “golpe institucional”, y un Duhalde desesperado la repitió a los integrantes de la mesa de diálogo de la Iglesia.
¿Por qué, luego de tantos años de complacencia, la Corte emite un fallo que puede producir el colapso total de la gestión duhaldista? Para los hombres de la Rosada, la respuesta es sencilla: fue el último intento de supervivencia de unos jueces muy asustados.
En la Casa de Gobierno recordaban el terror que los había invadido últimamente, cuando comenzaron a reunirse en secreto, y pidieron que se reforzara su custodia. A este ambiente de repudio generalizado se sumó en los últimos días un incipiente consenso entre el Gobierno y el radicalismo –liderado por Raúl Alfonsín– en torno a la necesidad de apurar una oxigenación de la Corte. Aunque todavía no era pública, la decisión de impulsar el juicio político estaba tomada.
Algo de esto dijo ayer Duhalde. “La decisión de la Corte fue tomada casualmente 48 horas después que el Congreso habilitara el juicio político”, recordó el Presidente. Más claro, el jefe de la SIDE, Carlos Soria, dijo que “el dato es muy fuerte, porque luego de que Diputados habilitara el juicio político, inmediatamente la Corte dictó esta sentencia. No se tomó en 24 horas, sino en una playa, mientras veraneaban, y mucha gente puede interpretar que hubo intencionalidad política”, aseguró.
Aunque todos aseguran que el objetivo principal es salvar su imagen castigando al Gobierno, la idea de que el menemismo estuvo detrás de la jugada fue ganando cada vez más espacio entre los hombres de la Rosada. De acuerdo a esta versión, la decisión de ayer es el punto de partida para un plan auspiciado por dos o tres bancos extranjeros, que buscarían la liberación del corralito y la caída en cadena de la mayoría de los bancos. Después, las pocas entidades sobrevivientes, reforzadas con dólares aportados por sus casas matrices, absorberían al resto. El resultado sería la profundización de la crisis y una nueva concentración del sistema financiero.
Los funcionarios sospechan que Menem, cuya relación con los integrantes de la Corte es indudable, sería la cara política de semejante maniobra. “No es casual que el fallo se haya aprobado con los votos de la mayoría automática”, señalaba ayer un funcionario. En la hipótesis oficial, el riojano buscaría como objetivo de máxima abrir el camino para que él o algún dirigente cercano asuma el poder. De mínima, incordiar a Duhalde.
Futuro
Luego de una jornada de locos, poco después de la diez Duhalde apareció en Olivos. Antes, había descartado la idea de dar un mensaje por cadena, como tenía pensado en un principio. También ordenó suspender el anuncio del plan económico y el viaje de Jorge Remes Lenicov a Estados Unidos.
Fue un discurso improvisado, en el que sólo quedó claro que no está dispuesto a liberar de golpe el corralito. “A mí me importa un comino que se caiga un banco o dos. Me importa cuidar los ahorros de la gente. Temo que pueda pasar como ha pasado en muchos países: cuando los bancos no pueden pagar deben ser liquidados, y los que cobran suelen ser los abogados y unos pocos acomodados. No se dejen engañar”, dijo.
“Yo no soy un presidente débil, soy un presidente con la autoridad que me ha dado la democracia argentina y tengo un compromiso que es cuidar la paz social”, añadió. La frase se pareció mucho a las que utilizaba Fernando de la Rúa para proclamar un poder que se esfumaba, y esta vez tampoco sirvió para ocultar el desconcierto de un Gobierno que hasta anoche no sabía cómo reaccionar.
Cansado luego del discurso del Presidente, un funcionario lo explicaba en términos sencillos: “La Corte es el máximo tribunal y el fallo es clarísimo. Por lo tanto, no hay salidas jurídicas: cualquier solución es política”.
Las opciones, entonces, son pocas.
Una, descartada luego del discurso, es acatar el fallo, permitir que cada ahorrista reclame ante la Justicia y esperar a que los bancos se vayan cayendo de a poco. Otra, negociar con la Corte y conseguir un nuevo fallo, lo que también suena imposible. La tercera solución, esbozada sin mucho entusiasmo en Economía, es transformar la totalidad de los depósitos en bonos. Tiene la ventaja de que el antecedente (el Plan Bonex) fue declarado constitucional, y una desventaja que lo hace impracticable: la de emitir bonos por una cifra que rondaría los 40 mil millones.
Descartadas estas alternativas, sólo queda la salida política: forzar el alejamiento de los integrantes de la Corte. En primer lugar, el Gobierno podría emitir un decreto o una ley estableciendo un nuevo corralito, intentando un dibujo jurídico que esquive el fallo del Tribunal. Este recurso permitiría ganar tiempo, ya que la Corte tendría que emitir un nueva resolución.
Mientras, el Ejecutivo podría apurar el juicio político: los magistrados serían suspendidos, y en su lugar asumirían conjueces que podrían cambiar el fallo de ayer. Después serían removidos de sus cargos, aprovechando el repudio que –como quedó claro con el cacerolazo– ni siquiera el fallo de ayer ha logrado frenar.