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Mientras el Ejecutivo argentino sigue manteniendo un silencio pétreo o da excusas insólitas para no liberar la documentación que permita estudiar la llegada de criminales de guerra nazis al país, una pequeña parte del Legislativo decidió intervenir. Los diputados socialistas Rubén Giustiniani, Alfredo Bravo, Oscar González, Jorge Rivas, Héctor Polino, Ariel Basteiro y Eduardo García presentaron un proyecto de resolución para que Diputados le pida informes al Ejecutivo sobre la destrucción de los archivos de Migraciones en 1996.
El origen del pedido de los diputados es el libro del periodista argentino Uki Goñi, La verdadera Odessa, que revela el qué, el cómo y el cuándo de la llegada de los nazis a Argentina. Lo que Goñi descubre en su libro –y documenta con un nivel de detalle y rigor pocas veces visto– es que Juan Domingo Perón armó una red internacional de agentes para traer a centenares de criminales de guerra belgas, franceses, croatas, italianos y alemanes. La red operaba en seis países, contaba con amplios fondos, estaba asociada a la Cruz Roja y a sectores de la Iglesia, y fue fundada en el mismo despacho presidencial de la Casa Rosada.
Una segunda historia en el libro de Goñi es la del encubrimiento: encontrar los documentos de esta operación fue muy difícil y las mejores fuentes terminaron siendo extranjeras. Alemania, sin ir más lejos, permite un acceso más fácil a sus inmensos archivos nazis que Argentina. Un caso fue la Dirección de Migraciones: Goñi descubrió que los nazis recibían sus números de legajo en Europa, mucho antes de embarcar. Los que se ocupaban de esta parte del trámite llevaban montañas de legajos en blanco y personajes como Erich Priebke y Joseph Mengele, por ejemplo, recibieron números consecutivos, aunque llegaron a Buenos Aires con dos años de diferencia. Lo que no encontró Goñi fueron los legajos en sí, que habían
sido removidos. Los empleados del archivo admitieron ante él que en 1996 se habían quemado montañas de papeles “de esa época”.
Curiosamente, cuatro años antes el presidente Carlos Menem había montado su show mediático “abriendo los archivos nazis argentinos”.
Migraciones se cerró en un mutismo irresponsable respecto a esta quema, que ahora es el objeto del proyecto de resolución de los diputados. Es exactamente la misma actitud del ministro de Relaciones Exteriores Carlos Ruckauf ante la carta que le envió el 17 de diciembre pasado el Centro Simon Wiesenthal pidiendo la desclasificación de los documentos referidos a esta etapa, que el canciller ni contestó.
Cancillería fue, evidentemente, una pieza clave en la red montada por Perón y además fue la dependencia del Estado argentino que les cerró las puertas a tantos que querían escapar del terror nazi. Es una historia que el ministerio –muy ocupado en crear “héroes” para mejorar la imagen de lo actuado en la época– no quiere recordar. Por ejemplo, un documento que Goñi obtuvo en Europa y que Ruckauf protege con celo es la Circular 11, emitida el 12 de julio de 1938 por el entonces canciller Cantilo, que en lenguaje sutil instruye a los embajadores argentinos en Europa para que de ninguna manera concedan visas “aun a título de turista o pasajero en tránsito” a personas que “abandona o ha abandonado su país como indeseable o expulsado cualquiera sea el motivo de su expulsión”. Es decir, ni judíos ni perseguidos políticos del nazismo.
Cantilo selló su circular como reservada y estrictamente confidencial, y la hizo cumplir a rajatabla. Todavía es homenajeado por una avenida porteña.
Una vez llegados al país, los nazis recibían documentos con facilidad envidiable. Jorge Matzkin, actual ministro del Interior, ignoró el pedido del Centro Wiesenthal para que mostrara la documentación que emitía su dependencia hace medio siglo. Otro funcionario, el secretario de Inteligencia Miguel Angel Toma, eligió la opacidad en lugar del silencio. “No se posee información en orden a lo solicitado”, escribe Toma, “excepción hecha de las respuestas oportunamente brindadas a la Justiciaen concordancia con la legislación vigente en cada caso”. La brevísima nota, entonces, no aclara si hay archivos o no, si se pueden abrir o no, si fueron entregados a la Justicia.
Es la Iglesia argentina, sin embargo, la que se lleva sin dificultades la palma a la originalidad. Al recibir la consulta del Centro Wiesenthal, la Conferencia Episcopal Argentina respondió prontamente en nota firmada por su secretario general, el obispo auxiliar porteño Guillermo Rodríguez Melgarejo, que la institución no podía entregar archivos simplemente porque “aún no existía” en esa época. El sofisma es perfecto: la Iglesia ciertamente existía, pero no la conferencia obispal. ¿Y los archivos anteriores a su fundación?...
El Wiesenthal volvió a la carga en enero, pidiendo que se libere documentación sobre el encuentro en Europa entre el cardenal argentino Antonio Caggiano y su par francés Eugène Tisserant, en la inmediata posguerra. Según logró reconstruir Goñi, la reunión involucró fuertemente a la Iglesia en el mecanismo de llegada de nazis, en particular los católicos de Europa oriental. La Conferencia Episcopal esta vez alega que “desconocemos la existencia de documentación al respecto”. Y, como para mostrar buena voluntad, agrega que “las personas a las que recurrimos no tienen memoria de que se hayan reunido los cardenales” aludidos.
Estas estrategias de negación y bloqueo oficiales y eclesiásticas argentinas ya las usó por años el Vaticano, que terminó entendiendo que estaba tapando el sol con la mano y abrió sus archivos, aunque parcialmente y con retaceos. Ya está saliendo información incómoda a la luz, pero la Santa Sede parece entender que la verdad no destruye, a lo sumo pone las cosas en perspectiva. El silencio sobre la complicidad argentina con la Alemania nazi, antes, durante y después de la guerra, sigue siendo un hecho maldito del que no se habla. Y nada parece conmover a los que custodian los documentos de esa época.