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Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal al momento de la masacre del 20 de diciembre de 2001, aseguró ayer a la Justicia que mientras comandaba el operativo para desalojar la Plaza de Mayo “no se enteró” de que la policía montada reprimía a las Madres de Plaza de Mayo. El comisario general estuvo preso en la causa que investiga esos hechos y está procesado por el homicidio de cinco manifestantes que murieron ese día, mientras Fernando de la Rúa abandonaba la Casa Rosada. Pero la Cámara Federal le ordenó a la jueza federal María Servini de Cubría que lo volviera a interrogar, junto a otros ex jefes policiales, por las vejaciones que sufrieron las personas que fueron detenidas ese día. Santos acudió ayer, pero sólo le preguntaron por el ataque que sufrieron las Madres. En la misma resolución emitida en julio, la Cámara ordenó a Servini indagar a De la Rúa por la muerte de Gustavo Benedetto, Alberto Márquez, Diego Lamagna, Gastón Riva y Carlos “Petete” Almirón, pero la magistrada aún no lo hizo.
Los camaristas de la sala I determinaron que “Santos habría tenido conocimiento de la comisión del delito de vejaciones cuando el personal policial bajo sus órdenes desalojaba la Plaza de Mayo”. Por lo tanto le ordenaron a Servini que lo interrogue al respecto. “Confrontando simultáneamente las distintas filmaciones a las que Santos tenía acceso mientras estuvo en la Dirección General de Operaciones y las transcripciones de las comunicaciones que se operaban desde esa Dirección General se advierte que el imputado junto con los altos funcionarios policiales que allí se encontraban habrían advertido el modo violento con el cual los funcionarios policiales procedían con el cumplimiento de las órdenes de detención”, argumentaron los jueces Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo. En ese fallo cambiaron la calificación de la conducta de Santos, que estaba preso por homicidio doloso, y así el ex jefe de la Federal pudo recuperar su libertad. También resultó beneficiado con la excarcelación el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov.
Acompañado por su abogado Raúl Behnardz, Santos evitó la guardia periodística ingresando en automóvil al garage del sótano de los tribunales federales de Retiro. La audiencia había sido inicialmente prevista para el 1º de abril, pero el defensor pidió una postergación porque ese mediodía tenía otro juicio oral. Según fuentes consultadas por la agencia DyN, el comisario quiso justificar su desconocimiento sobre lo que ocurría en la Plaza de Mayo al alegar que él mantenía reuniones en el Ministerio del Interior a la hora en que la caballería policial cargaba contra ciudadanos subiendo la escalinata de la Catedral metropolitana, la recova del Cabildo y por los canteros del solar histórico. Además, pretendió demostrar que no tiene nada en contra de las Madres de Plaza de Mayo al recordar que al día siguiente de la represión recibió a algunas de ellas. Behnardz explicó que “mantuvo una reunión muy correcta de 45 minutos”.
En cumplimiento de una parte de lo resuelto por la Cámara, Servini de cubría también resolvió ampliar las ingadatorias del ex superintendente de Seguridad Metropolitana Raúl Andreozzi y del ex director general de Operaciones Norberto Gaudiero, por el delito de homicidio culposo y lesiones. Gaudiero, el principal acusador de Santos en el expediente, solicitó la postergación por “motivos personales”, y le fijaron fecha para el 16 de abril. En tanto, Andreozzi “se descompensó a raíz de un pico de presión” y la audiencia llevada a cabo días atrás debió suspenderse. El fiscal Luis Comparatore presentó un escrito donde pidió a la jueza que “intime a Andreozzi por las muertes violentas, por omitir adoptar medidas que sólo él podía decidir y que podrían haber evitado las muertes y lesiones de indudable procedencia de balas policiales”.
Los abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y de la Correpi, que representan a algunas de las víctimas, junto a los fiscales Comparatore y Patricio Evers vienen insistiendo en que De la Rúa sea indagado por las muertes del 20 de diciembre. Pero la jueza decidió esperar los tiempos que le pidieron los defensores del ex presidente, que probaron suerte en la Corte Suprema para tratar de impedir esa medida.