El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, intentará mediar en la batalla desatada en el Consejo de la Magistratura por los nombramientos en los cinco juzgados vacantes en el fuero Civil y Comercial federal, entre ellos el que tiene que definir la validez del artículo de la ley de medios que obliga a desinvertir al grupo Clarín. Por eso, para dar una señal institucional fuerte, citó para el lunes a las 17 a los tres jueces que integran ese cuerpo, que son Mario Fera, Alejandro Sánchez Freytes y el cuestionado Ricardo Recondo, acusado por el kirchnerismo de participar de una maniobra destinada a poner un juez subrogante a dedo para favorecer al multimedio. Mientras tanto, el ministro de Justicia, Julio Alak, anunció que el Gobierno recusará Roberto Torti, nombrado en forma interina hasta el jueves en el juzgado del caso Clarín por decisión de la Cámara Civil y Comercial. El argumento es que “ya preopinó” al fallar a favor del Fibertel, del mismo grupo empresario. Alak también cuestionó el sistema de subrogancias rotativas que hace que todas las semanas cambie el juez a cargo.

El jueves fracasó el tercer intento del oficialismo del Consejo de la Magistratura por aprobar una lista de candidatos a ocupar los juzgados del fuero civil y comercial que carecen de titular. Un bloque con sello radical (que integran los legisladores Oscar Aguad, Mario Cimadevilla, los abogados Daniel Ostropolsky y Alejandro Fargosi más Recondo) se niega a avalar la lista tal como quedó conformada en un dictamen de comisión. Alegan que hay nombres asociados al kirchnerismo, en especial el de Lorena Gagliardi, funcionaria del ex Onabe, administrador de los bienes del Estado, autora de la recusación contra Recondo. Piden anular el concurso, o al menos revisarlo. Los consejeros jueces Fera y Sánchez Freytes llevan días oficiando como nexo entre ambos bandos, aunque sin lograr resultados. La nueva decisión de la Cámara Civil de nombrar a Torti como subrogante por una semana en el juzgado 1, y aclarar que habrá un sorteo entre los jueces del fuero para cada caso, una vez que esté listo para dictar sentencia, tampoco despejó el panorama ni aplacó el conflicto, al contrario.

La aparición en escena de Lorenzetti intenta poner de relieve la dimensión más institucional de lo que en estos días se plasmó como una guerra política en torno de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, además de mostrar que la Corte no se queda de brazos cruzados. El presidente del tribunal reclama públicamente desde hace tiempo que el Consejo y el Gobierno nombren jueces, ya que cerca del 30 por ciento de los juzgados está vacante, pero ahora encuentra a representantes de su propia corporación obstaculizando los nombramientos. Los jueces supremos, algunos al menos, tampoco acuerdan con el sistema de jueces suplentes que rotan cada siete días, que implementó la Cámara Civil. De por sí, dicen, implica un cambio de criterio todas las semanas. Fue en este contexto que dos semanas atrás la Corte dejó en pie la designación de Raúl Tettamanti fijo en el juzgado de la ley de medios para dictar sentencias, lo que causó enojo en el Gobierno.

Los anfitriones de la reunión del lunes próximo serán Lorenzetti y la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco. Según señalaron fuentes judiciales a Página/12, quieren una explicación de primera mano de los consejeros que representan a los jueces acerca del enfrentamiento de-satado en la Magistratura. Pero además quieren mostrar un intento de mediación que facilite una salida. Allegados al máximo tribunal y al Consejo ponen en duda que Recondo vaya a cambiar de postura. Si él diera un paso al costado en la votación del concurso, el oficialismo podría alcanzar los dos tercios que necesita para aprobar la lista de candidatos. Fera y Sánchez Freytes creen que no hay ningún motivo para revisar el concurso y que sería “un muy mal precedente” devolverlo a la Comisión de Selección, más aún teniendo en cuenta que nadie lo había cuestionado hasta que desembarcó en el plenario y quedó a la vista que de los nombres en danza estaba el del juez o jueza que tendrá que fallar sobre la cláusula de desinversión de la ley de medios.

Por lo pronto, mientras el juzgado en cuestión sigue vacante, el ministro Alak anunció que desde el Gobierno se recusará a Torti, el nuevo juez que la Cámara designó como subrogante por unos días. Por las causas que tramitan en el fuero que están vinculadas al Grupo Clarín, todo hace suponer que la mayoría de los jueces son candidatos a ser recusados. En el caso de Torti, Alak dijo que suficiente razón para apartarlo es que ya falló a favor del multimedio. En noviembre de 2010, a raíz de la caducidad de la licencia de Fibertel, dictó una medida cautelar en la que ordenó al Estado Nacional abstenerse de afectar la prestación de servicio de esa empresa. Luego la Sala III de la Cámara con los votos de Graciela Medina y Recondo, amplió los efectos de la cautelar habilitando que nuevos usuarios pudieran seguir contratando Fibertel. Luego Torti dictó una nueva cautelar, a medida de aquella resolución del tribunal de alzada. Medina es esposa de Julio César Rivera, abogado del Grupo Clarín. Fue denunciada junto con Recondo ante el Consejo. Las tres salas de la Cámara tienen un historia del fallos favorables al Grupo Clarín.

“Nosotros creemos que hay que recusar a un juez que ya preopinó en la causa Fibertel y lo hizo a favor de Clarín. Esto es un derecho que tiene cualquier justiciable de recusar a un juez que ya dio una opinión clara a favor de una de las partes”, planteó ayer Alak. En sus dos últimas apariciones en el escenario mismo del Consejo de la Magistratura el titular de Justicia denunció “una maniobra para impedir que en el juzgado asuma un juez de la Constitución”. Hubo consejeros opositores, como Ostropolsky, que cuestionaron su presencia: “Es imprudente porque pertenece a otro poder del Estado”. El ministro objetó también el método de rotar a los jueces una vez por semana en los juzgados vacantes que la Cámara implementó este año. “Es un sistema rotativo disparatado y perverso porque impide la recusación y que una persona sepa qué juez tiene su causa”, dijo. “Una cosa nunca vista en la historia judicial argentina”, añadió.