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Los ex funcionarios de la Alianza siguen desfilando en Tribunales para tratar de dejar mejor parado a Fernando de la Rúa, aunque hasta ahora con escasos resultados. El ex jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, aseguró ayer ante la jueza María Servini de Cubría que el estado de sitio del 19 de diciembre de 2001 fue decretado por el ex presidente “a pedido de varios gobernadores, muy especialmente (el bonaerense) Carlos Ruckauf”, que la preocupación de De la Rúa durante el día 20 era política, y que no se ocupó de la seguridad. Colombo prestó declaración testimonial en la causa sobre la masacre del 20 de diciembre a pedido de la defensa del ex presidente, que pretende dejar plasmado en el expediente cuál fue el “contexto político” en el que tomó las decisiones que se le reprochan penalmente. Sin embargo, Servini de Cubría volvió a fijar nueva fecha para indagarlo el martes 15 de julio.
Esa declaración estaba prevista para el jueves pasado, pero el ex presidente adujo que no podía hablar porque había sido sometido a una cirugía “buco-máxilo-facial”, y la jueza accedió a suspender una vez más el trámite. Ya había conseguido varias postergaciones de su declaración como imputado de cinco “homicidios culposos” y 227 “lesiones” en la feroz represión a quienes protestaban contra su gobierno en los alrededores de la Avenida y Plaza de Mayo. Hace casi un año, la Cámara Federal le ordenó a la jueza interrogar al ex presidente sobre los muertos y lesionados. “Ya empieza a ser hora de traerlo por la fuerza pública, porque faltó tres veces en un mes y eso no se le permitiría a cualquier otro ciudadano”, se quejaron en la fiscalía de Luis Comparatore y Patricio Evers.
Mientras presentaban en el juzgado distintos argumentos para evitar la indagatoria, los abogados Zenon Ceballos y Miguel Almeyra llegaron hasta la Corte Suprema. Ahora siguen buscando ganar tiempo porque si la declaración se concreta, el pedido ante el Alto Tribunal para anularla quedaría abstracto. La nueva estrategia consistió en pedir a la jueza que declare una docena de ex funcionarios de la administración delarruista, para establecer “el contexto político” que había en las últimas jornadas del gobierno. Los letrados pretenden que se les pregunte sobre un presunto plan de los manifestantes para “tomar la Casa de Gobierno”, porque los funcionarios de Seguridad de entonces tenían “indicios vehementes” al respecto. Servini de Cubría aceptó y convocó, además de Colombo, al almirante Carlos Carbone, ex jefe de la Casa Militar, al ex titular de la SIDE, Carlos Becerra, cuyo testimonio está previsto para hoy; al ex secretario del Consejo de Seguridad, Luis Uriondo; y al secretario de Seguridad de la comuna porteña, Facundo Suárez Lastra. Esta última declaración testimonial será el 14 de julio, y un día después sería el turno de De la Rúa.
Colombo aseguró ayer que él recién se enteró de que había cinco manifestantes asesinados “luego del discurso del presidente Fernando de la Rúa”, a última hora de la tarde del jueves 20. Agregó que “la violencia superó todas las predicciones”. Además consideró que “no había oposición ni oficialismo unificados”, al punto de que una semana después “tuvo que renunciar el presidente elegido por la Asamblea Legislativa”, en alusión a Adolfo Rodríguez Saá. Colombo afirmó que el estado de sitio decretado obedeció al pedido de “varios gobernadores”, y citó el caso de Carlos Ruckauf quien, según Colombo, le manifestó “la necesidad de implementar esa medida” ante los “hechos graves como saqueos de supermercados, intrusión en la propiedad privada y violencia generalizada” que lo había llevado a convocar a la Gendarmería para intervenir en la provincia de Buenos Aires. El abogado Ceballos, que participó de la audiencia de ayer, indicó que Colombo “reconoció tajantemente que la violencia superó todas las previsiones”. El ex jefe de Gabinete agregó que las expectativas de buscar una “solución consensuada, tropezaron ante la fragmentación política existente”.