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Por Víctor Mendibil *

La renuncia de Julio Nazareno a la Corte Suprema, el decreto presidencial que reglamenta el procedimiento para designar los nuevos ministros del máximo tribunal, la promoción de juicio político a Moliné O’Connor en apenas un mes de gobierno son hechos sumamente alentadores, que despiertan la expectativa de una transformación profunda del sistema judicial, que padece una de las más graves crisis de su historia.
Aunque se trata de pasos dirigidos esencialmente a recomponer la instancia máxima del Poder Judicial y, todavía, no involucra al conjunto del sistema, no cabe duda de que allí residió –y reside– la expresión más extrema de la crisis. Tal como sostuvimos desde los trabajadores judiciales, la CTA y la Comisión por la Remoción de la Corte, es oportuno comenzar por allí para avanzar en una reforma integral de la Justicia. Porque esto es, en realidad, lo que hace falta.
El clamor y la movilización de nuestro pueblo generaron las condiciones para que una grieta se abriera en la muralla construida por pactos políticos y el poder económico, que han impedido que el Poder Judicial alcance la independencia necesaria y evite los abusos contra el pueblo.
Esta Corte contribuyó en el avasallamiento de la soberanía nacional, el saqueo de nuestras riquezas, la corrupción, la impunidad, la violación de los derechos humanos, la degradación de nuestros salarios y del conjunto de la seguridad social y la reducción de la democracia a una expresión meramente formal. Los judiciales estamos satisfechos por el Decreto 222/03 del presidente Kirchner que es mucho más que una simple “autolimitación” de su facultad de nombrar a los jueces de la Corte.
La importancia está en que el Presidente reconoce que el viejo y monárquico “sistema del dedo” no se compadece con su obligación de respetar los límites que le impone la Constitución para designar a la Corte: jueces con idoneidad moral, técnica y jurídica; compromiso con los derechos humanos y la democracia; respeto de la separación, la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial.
La FJA propuso a los gobiernos de la Alianza, de Duhalde y al ministro Beliz que se debe acrecentar la participación popular e incorporar pautas objetivas en el procedimiento de la selección de una nueva Corte, para que en ella no recalen altos personajes de la política oficialista u opositores, ni para abogados de empresas extranjeras, ni para jueces de la dictadura que hayan aplicado sin miramientos y con entusiasmo las leyes inconstitucionales del neoliberalismo menemista.
Es necesario que, a partir de esta nueva conciencia argentina que exigió en la calle y en todo lugar la remoción total de la Corte, se produzca una reforma profunda del Poder Judicial, que no sólo siente las bases de la transparencia en la designación de los jueces (como lo hace el decreto presidencial) sino que avance hacia una profunda e integral democratización. Esa es la reforma que hace falta y no aquella que responde a los dictados del Banco Mundial y que durante el menemismo hasta ahora anidó en el propio Ministerio de Justicia de la Nación y en algunas provincias.

* Sec. Gremial CTA y Co. Sec.
Gral. Federación Judicial Argentina.