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Entusiasmados con la media sanción del presupuesto y el acuerdo con los gobernadores por la coparticipación federal, el gobierno de Eduardo Duhalde quiere ahora ir por su tercer caballito de batalla: la reforma política. Ayer, por caso, el vicejefe de Gabinete, Juan Pablo Cafiero, aventuró que esta semana el acta-acuerdo que firmó el Presidente con los mandatarios provinciales “va a tener la aprobación” del Congreso. En tanto, el diputado ultraduhaldista, José María Díaz Bancalari, aseguró que la reforma deberá tener en cuenta la incorporación de las asambleas barriales en la nueva estructura política.
Cafiero se mostró convencido sobre la inminencia de la aprobación del acta-acuerdo “donde están los detalles de la reducción del costo de la acción política y la sanción de las leyes pendientes en Diputados”.
Para el Gobierno éste no es un tema menor. La reforma política no sólo está íntimamente relacionada con la intención de Duhalde de dar una imagen de organización y mejora del Estado frente a las espinosas negociaciones que mantiene con el FMI. También está atada a la continuidad de su gestión hasta diciembre de 2003. Una muestra de ello son las declaraciones de Díaz Bancalari. El legislador, una especie de vocero presidencial en el Parlamento, buscó darle una vuelta de tuerca al tema al incluir en la reforma a las asambleas barriales y organizaciones piqueteras.
“Es preciso admitir que se necesita dar canales de participación a grandes sectores del pueblo para fortalecer a la democracia. De lo contrario, siempre estaremos construyendo una democracia renga”, aseguró el legislador, quien se vale de esta consideración para rechazar cualquier intento por adelantar las elecciones. “Debemos darle tiempo a las asambleas barriales y a los piqueteros para que se organicen y puedan incorporarse como una nueva estructura partidaria. Ante mayor nivel de participación hay mayor posibilidad de construcción de un poder de decisión nacional, de consolidación de las instituciones”, agregó a este diario Díaz Bancalari.