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“Debemos recuperar como Nación el poder de impartir justicia”

La diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, junto con legisladores del ARI, el Frente para el Cambio, el Frepaso y la UCR presentaron un proyecto para anular las leyes de Punto Final y Odediencia Debida.

 Por Victoria Ginzberg

La diputada de Izquierda Unida Patricia Walsh –acompañada por legisladores del ARI, Frente para el Cambio, Frepaso y UCR– insistió ayer en reclamar en el Congreso la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los decretos de Indulto. “Debemos recuperar como Nación la posibilidad de impartir justicia”, afirmó Walsh al anunciar la presentación de su iniciativa junto a representantes de organismos de derechos humanos. La aspiración de los impulsores de este reclamo es que el proyecto se trate en una sesión especial que, pedirán, se realice en la semana del 24 de marzo, cuando se cumplan 26 años del último golpe militar.
En 1998 los entonces diputados del Frepaso Alfredo Bravo y Juan Pablo Cafiero iniciaron el debate legislativo sobre la anulación de las leyes de impunidad al encabezar la presentación un proyecto que causó conmoción dentro de la Alianza. Esa iniciativa fue suplantada por la que fue finalmente aprobada, que estableció la derogación de las normas y por lo tanto no tuvo efectos retroactivos. Es decir, ninguno de los represores de la última dictadura volvió a prisión como consecuencia de esta medida.
“Alguien ha dicho con razón que resultó lo mismo que dictar una ley ecológica para la protección del dinosaurio, que, obviamente no podrá aplicarse ya en el futuro porque no habrá dinosaurios”, se recuerda en los fundamentos del nuevo proyecto, elaborado con el asesoramiento de Carlos Zamorano, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y el abogado Marcelo Parrilli. En 2001 el juez federal Gabriel Cavallo dictó la inconstitucionalidad de las leyes y procesó a dos represores. La decisión fue ratificada por la Cámara Federal y tomada por otro magistrado, Claudio Bonadío.
El proyecto de Walsh declara nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los indultos y todos los fallos judiciales basados en ellos. En su artículo segundo establece la inaplicabilidad del principio de la ley penal más benigna para estos casos.
La iniciativa cuenta con quince firmas –el número máximo aceptado para la presentación– y la adhesión de un total de 22 diputados, ninguno de ellos del Partido Justicialista. “El proyecto ingresó hoy y se va a analizar en su momento, cuando lo consideren las comisiones”, dijeron desde el bloque peronista. Walsh aseguró que hoy empezará a pedir el apoyo del oficialismo y que también reclamará la adhesión de todo diputado que durante este mes asista a los distintos actos programados para recordar y repudiar la última dictadura militar. “El único homenaje digno y legítimo es el reclamo de justicia”, afirmó en un diálogo con Página/12.
–¿Hay posibilidad de que diputados peronistas acompañen el proyecto?
–Este proyecto lo están acompañando 22 diputados nacionales y dentro de este grupo hay varios que proceden del peronismo y que se reivindican peronistas, como yo misma, que sigo siendo peronista de izquierda o de izquierda peronista. No hay firmas del Partido Justicialista porque no las pedí, pero estoy segura de que va a haber diputados de ese bloque que nos van a acompañar.
–¿En qué se diferencia este proyecto de los anteriores que se presentaron con el mismo reclamo?
–Cuando llegué a la Cámara, el 10 de diciembre del año pasado no había ningún proyecto de nulidad de las leyes de estado parlamentario. El diputado Alfredo Bravo dijo hoy que éste es el que mayor firmas ha reunido, históricamente hablando. El ser peronista o radical no impide apoyar este proyecto, Margarita Stolbizer es radical y lo ha firmado. Pero aquellos diputados nacionales que han votado el Presupuesto 2002 no nos parece que estén en la misma que nosotros, porque nosotros sostenemos que hay relación entre la política económica y el genocidio.
–En 1998 hubo un intento de anular estas leyes y sólo se pudo derogarlas. ¿Cambiaron ahora las condiciones para que se logre la anulación?
–Sí. Lo está probando el hecho que haya 22 firmas. En 1998 hubo mayoría para la derogación y una minoría, entre ellos Bravo, que sostuvo hasta último momento, incluso en el debate en el recinto, que se considerara de nuevo la nulidad y que se sometiera a votación.
–Los fallos judiciales que declararon la inconstitucionalidad de las leyes pueden ser un aporte.
–Eso está incluido en los fundamentos del proyecto, que plantea también la nulidad de seis decretos de indulto. Los decretos son 12 en total, pero planteamos la nulidad de seis que encuadramos sin discusión como los referidos a garantizar la impunidad de genocidas de Estado.
–¿Cuál intuye puede ser la posición del Gobierno?
–En los decretos que tomamos están Mohamed Alí Seineldín, Aldo Rico, son personas que forman parte de la realidad política. Tiene que ver también con José Alfredo Martínez de Hoz. No creo que un gobierno que se autotitula peronista justifique que quiere impunidad e indulto para los asesinos de los compañeros.
–El que firmó los indultos fue Carlos Menem.
–Siempre dije que fue una de las mayores traiciones de nuestro país, la peor de las infamias. Por eso esperaría a que (Eduardo) Duhalde dé su opinión. Mañana (por hoy) Izquierda Unida sale a pedir firmas de diputados peronistas que quieran acompañar este proyecto. Pero no a los que defendieron el presupuesto, para que sea un lavado de cara para ellos.

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La madre de Plaza de Mayo Tati Almeida apoyó a Patricia Walsh. Detrás, Eduardo Macaluse y Alfredo Villalba.
 
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