EL PAIS › RECLAMOS DE LOS MOVIMIENTOS DE EMPRESAS RECUPERADAS

Desde una quiebra a una esperanza

Ya son 172 las empresas recuperadas por sus trabajadores y en conjunto mantienen 10.000 puestos de trabajo. Ahora pelean por cambios en la Ley de Quiebras que faciliten sus iniciativas.

 Por Laura Vales

La empresa cerró y estaba por ir a remate, pero la tomaron y comenzaron a producir. La administraron exitosamente. Arreglaron las máquinas y ampliaron la cartera de clientes. Y en agosto, cuando la liquidación ya era impostergable, ofrecieron al juzgado comprarla compensando el precio de los bienes con sus créditos laborales, es decir con los sueldos y las indemnizaciones impagos. La jueza se lo concedió. Los trabajadores de Comercio y Justicia, un diario especializado en jurisprudencia de la ciudad de Córdoba, consiguieron así sentar un precedente para frenar el desguace que sigue a toda quiebra, cuando se prioriza el pago a los acreedores sobre la continuidad de la producción.
La Ley de Quiebras dispone que una vez dictada tal medida, hay cuatro meses para rematar los bienes de la empresa, obtener el mejor precio posible y cancelar con lo recaudado las deudas. Si el juez demora esta liquidación, puede ser llevado a juicio por incumplimiento.
“Es una ley hecha para desindustrializar. No sirve para salvar las fábricas, sino para perderlas”, dicen los abogados de las fábricas recuperadas. La experiencia muestra que en la mayoría de los casos las máquinas se venden a precio de chatarra y la unidad productiva es desarmada.
En el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) proponen modificar dos artículos de la Ley de Quiebras. “El 217, que ordena rematar los bienes dentro de los cuatro meses, y el 211, para que los créditos de los trabajadores y del Estado (los impuestos adeudados) se puedan compensar traspasándoles las máquinas y el inmueble”, dice el abogado Diego Kravetz.
Su colega Luis Caro, que encabeza el Movimiento de Fábricas Recuperadas (son dos organizaciones distintas a pesar del casi idéntico nombre), apunta por su parte que cuando a un despedido le quedan debiendo sueldos e indemnización “no puede cobrarlos llevándose una máquina, sino que tiene que esperar a que los bienes se vendan, y de lo que se venda él cobra. Si la quiebra se demora (en el caso de Sasetru llevó 19 años), lo que cobra termina siendo nada. Si en el momento de la liquidación aparece un comprador con intenciones de reabrir la fábrica, no tiene obligación de mantener la relación laboral de los que estaban antes”.
Caro es abogado de la cooperativa obrera que recuperó la publicación cordobesa. “La editorial fue valuada por la Justicia en 1.121.000 pesos”, explica. “La mitad se compensó con créditos laborales y el resto va a pagarse con apoyo del Estado nacional y provincial, más trabajo propio.” La jueza a cargo del caso, Beatriz Mansilla de Mosquera, tomó una decisión fuerte ya que “los bienes, la marca y la patente estaban a punto de venderse en una licitación abierta a otros competidores. En vez de rematar, ella adjudicó la empresa de manera directa a la cooperativa”.
Actualmente existen 172 empresas recuperadas, en su mayoría en el Gran Buenos Aires y la Capital Federal. En conjunto, sostienen 10 mil puestos de empleo. La legalización de las tomas se viene dando a través de expropiaciones, ya que a diferencia de lo que acaba de pasar en Córdoba no ha sido frecuente que los jueces den primacía al derecho al trabajo.
¿Se debería poder expropiar aunque todavía no esté dictada la quiebra? Para Kravetz, “siempre que exista abandono de la patronal, se debería poder expropiar, aunque la empresa no esté concursada ni quebrada. El primer interesado en hacerlo debería ser el Estado, para mantener la fuente de trabajo abierta”.
“Las empresas no son exclusivamente de propiedad privada, sino bienes sociales. Se construyen con mucho capital humano y el esfuerzo de los trabajadores”, agrega Eduardo Murúa (MNER).
Con una estrategia distinta a la del MNER, Cerámicas Zanon (Neuquén) cumple el 1º de octubre dos años de producción bajo control obrero. Es unafábrica grande, en la que trabajan 250 personas. A medida que fueron aumentando la producción, crearon puestos de trabajo e incorporaron a integrantes de las organizaciones de desocupados, una iniciativa que les ganó el respaldo de la sociedad. Raúl Godoy, secretario general de los ceramistas, dice que la propuesta del sector (que coordina sus acciones con Brukman y Supermercados Tigre) es “que toda empresa que cierre o sufra un intento de vaciamiento sea estatizada y pasada a los trabajadores”.
Para Godoy, la expropiación “es una decisión política” no necesariamente ligada al proceso de quiebra. “El concepto central es el de utilidad pública. Se expropian campos para hacer rutas y edificios para hacer autopistas, en el caso de las fábricas es lo mismo, si se declara de utilidad pública no se necesita nada más.” Las opiniones tienen como fondo el caso de Brukman, donde el conflicto está hace ya cinco meses sin salida. El proyecto de expropiación está frenado en la Legislatura con el argumento de que la Justicia todavía no dictó la quiebra. Los trabajadores, que mantuvieron la textil trabajando luego de que los dueños la abandonaran, tienen abierta una denuncia de usurpación.
“Esperar hasta la quiebra, como horizonte, marca una limitación importante”, dice Pablo Heller, el abogado de Sasetru. “No nos negamos que haya leyes, por el contrario, tenemos (en el Partido Obrero) un programa para que las expropiaciones se concreten a los 30 días, que se hagan sin indemnización, aunque no estén en quiebra. Pensamos que cuando llega ese momento ya es demasiado tarde porque, en realidad, la quiebra es el corolario final del vaciamiento.”
El frigorífico Yaguané, en la provincia de Buenos Aires, ejemplifica el peor riesgo de los vacíos en la legislación que dejan sin protección a las fábricas recuperadas. Allí podría darse el primer caso de expropiación inversa. El menemista Alberto Samid la había vaciado y abandonado, los trabajadores la recuperaron en un conflictivo camino. Consiguieron la expropiación temporaria, por dos años. Ahora, vencido ese plazo, Samid reclama que le paguen 38 millones de pesos.

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Fábrica de caños de la Cooperativa Unión y Fuerza de Avellaneda.
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