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Por Irma Parentella *

El titular del COMFER, Julio Bárbaro, en Página/12 de ayer acusa al Parlamento de ser agresivo “en su visión sobre los medios”. Habría que aclarar. El Parlamento fue y es agresivo con las entidades sin fines de lucro –cooperativas, ONG, comunidades religiosas, etc.–, excluidas del acceso a la radiodifusión. Agresivo con los que han cumplido con las exigencias de las gestiones de turno –muchas veces contradictorias–, han abonado gravámenes, son fuentes de trabajo para sus comunidades y constituyen, en centenares de pequeñas localidades, el único medio de comunicación. Agresivo porque al no legislar ha obligado a esos radiodifusores a recurrir a la Justicia y en muchos casos funcionan amparados por resoluciones judiciales. Agresivo porque pesa sobre ellos la amenaza de la supuesta “clandestinidad” –provocada por el Estado con su inacción e incumplimiento– y las consecuentes sanciones. Bárbaro dice que el Parlamento debe ser más contemplativo. ¿Con quiénes? Al cabo de veinte años de democracia “contempló y contempla” la inconmovible ley 22.285, dictada en el contexto de la dictadura militar, con eje en la doctrina de la seguridad nacional.
Bárbaro habla de “madurez de la sociedad” para producir una ley. Claro, “veinte años no es nada...”. Pero desde 1983 no faltaron proyectos que pretendieron sustituir o modificar la ley 22.285. La subordinación del poder político a “otros poderes” hizo que muchos ni siquiera fueran tratados. En el Congreso es público y notorio que la ley 22.285 es “intocable”. Con las excepciones de algunos “decretazos”, por supuesto. Son excelentes ejemplos: el 1005/Menem –autoriza la multiplicidad de licencias y elimina la intransferibilidad– y el 1062/Menem suprime el requisito de cinco años para transferir o ceder partes, cuotas o acciones de sociedad. El último intento frustrado se produjo en el 2001. Se elaboró un proyecto con participación y aporte de todos los sectores. Para debatirlo se realizaron nueve audiencias públicas en todo el país... Bárbaro estuvo en el Parlamento, nos alentó a elaborar una ley y comprometió la participación del COMFER en esa tarea. Algunos diputados trabajamos en ese sentido y vamos a presentar un proyecto. La ley de radiodifusión debe construir un nuevo escenario jurídico que incluya a las entidades sin fines de lucro como titulares de licencias; impida los niveles de concentración de la reforma menemista; promueva el desarrollo de una industria cultural; establezca procedimientos transparentes; incorpore normas sobre emisoras educativas y universitarias, de fomento del cine nacional; establezca requisitos para conformar redes; fije condiciones para la publicidad, garantice recursos genuinos para los medios públicos, disponga reservas para emisoras universitarias, de frontera, de entidades sin fines de lucro; incorpore a las señales de cable para el pago de gravámenes y el cumplimiento de la normativa sobre contenidos. Debe, en suma, otorgar el marco jurídico para que el Estado ejerza plena y adecuadamente la administración del espectro en materia de radio y televisión y definir el modelo de comunicación para los próximos años. Pese a Bárbaro, las dilaciones son inadmisibles.

* Diputada nacional (ARI), Comisión de Comunicaciones.