EL PAíS › EL PROCESO JUDICIAL

Diez meses de debate

 Por Ailín Bullentini

La hipótesis que maneja la querella del CELS en el juicio oral es que el gobierno de Fernando de la Rúa quería impedir la protesta: sacar a la gente que ya estaba en la calle y desalentar al resto a que se le sumara. Ayer, los ex diputados Luis Zamora, Marcelo Bordenave y José Roselli iban a protagonizar por el tema un careo con Lautaro García Batallán, quien fue titular de Asuntos Internos de la secretaría que manejaba Mathov. Pero el ex funcionario faltó. Una semana atrás, los ex legisladores ratificaron ante el tribunal lo que ya decían los días inmediatamente posteriores a la gran cacería que se desató en los alrededores de la Plaza de Mayo: que el entonces funcionario les había asegurado que, por órdenes del gobierno, “la plaza no podía llenarse” y que la tenían que desalojar.

“Ordenaron la represión porque necesitaban un respiro –en base a la teoría de que, con la gente en la calle, una supuesta negociación con el Partido Justicialista para garantizar la gobernabilidad quedaría trunca–, pero el efecto que buscaban, de desalentar a la población para que siguiera allí, fue el contrario: la gente se quedó y se sumaron más. La indignación, la tristeza, todo eso contaron los testigos que pasaron por el juicio”, consideró Maximiliano Medina, del CELS.

Allí intentan hacer cuña las defensas: insisten en el carácter no espontáneo de la movilización y de allí saltan al peligro de la “toma de edificios públicos”. El propio Mathov declaró durante las primeras audiencias del juicio, que en la Casa Militar un grupo de efectivos esperaba el ingreso de “violentos” con FAL.

Sin embargo, los propios protagonistas de la ciudad en aquellos días echaron por tierra esa versión. Fueron decenas los participantes de las protestas que declararon ante los jueces y todos coincidieron en su iniciativa espontánea. Uno de ellos vio tres muertes en las calles aquel día y cuando se le preguntó en el juicio por qué no se iba contestó que no podía irse, que sentía que tenía que estar allí. Jair Pérez trabajaba en una oficina cerca de la Casa Rosada y aquel 20 de diciembre se quedó en la Plaza de Mayo hablando con la gente que allí estaba en lugar de volver a su casa. El propio Gastón Riva se había ido a dormir la noche anterior a su muerte con una preocupación grande por lo que estaba sucediendo, contó su esposa, María Arenas. “Espíritu de cuerpo”, dijeron otros. “Solidaridad”, otros. Los testimonios de esos testigos también sirvieron para acreditar la violencia de la represión: pasaron 13 años y aún siguen apareciendo heridos de balas de plomo que no habían sido siquiera contabilizados por las querellas.

La estrategia de la defensa de Mathov, único ex funcionario acusado, se completa con el no saber: él no supo de los jaleos del 19 de diciembre a la noche en los alrededores del Congreso, que culminaron con Jorge Cárdenas tendido sobre las escalinatas del Parlamento, herido de gravedad; no supo de los heridos del 20, menos de los muertos, dijo.

“Es inaceptable que diga no conocer lo que estaba pasando en la calle el miércoles 19. Mathov se informaba por Santos, hubo muchas comunicaciones entre ellos, la policía sabía cuántos heridos había, tenía comunicación con el SAME. Es inconcebible que diga eso”, remarcó Medina.

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