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Organizaciones piqueteras y militantes de derechos humanos marcharon desde el Congreso a la Plaza de Mayo contra la criminalización de la protesta social. Los manifestantes criticaron los últimos episodios de represión, aludiendo a los ocurridos el jueves pasado en el subte y en la ciudad de La Plata. También pidieron al Gobierno que avance en el desprocesamiento de quienes tienen causas judiciales por cortar rutas.
Una vez en la Plaza, una delegación ingresó en la Casa de Gobierno donde entregó un documento en el que exigieron al Poder Ejecutivo que “no entre en una faceta represiva”.
El petitorio planteó, junto con la preocupación por la intervención de la policía y la situación de los procesados sociales, el tema de la masacre de Avellaneda, en la que fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
Las organizaciones quieren que se profundice la investigación incluyendo también a sus responsables políticos, ya que hasta ahora el caso sólo llegó al comisario Alfredo Fanchiotti y a su chofer Alejandro Acosta como máximos responsables.
En la marcha participaron los movimientos Barrios de Pie, Teresa Rodríguez, el Bloque Piquetero, la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, algunos MTD, el Frente de Trabajadores Combativos y el Movimiento de Unidad Popular, junto a organizaciones como la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial) y la Ceprodh (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos).
Piqueteros y organismos de derechos humanos vienen trabajando en un proyecto de ley para asegurar el desprocesamiento de quienes fueron denunciados por participar en protestas. “Le llevamos hace casi dos meses este proyecto al Presidente, para que el Ejecutivo lo envíe a Congreso, y estamos esperando una respuesta”, dijo Jorge Ceballos, de Barrios de Pie. En la Casa Rosada fueron recibidos por el director de Acción de Gobierno, Rafael Follonier. De la reunión se llevaron el compromiso de un encuentro con el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, para la semana próxima.