EL PAíS › EL FISCAL PIDE QUE SE ARRESTE
A LOS PIQUETEROS QUE ENCERRARON A TOMADA

Como si se tratara de secuestradores

La denuncia que Kirchner ordenó elevar a la Justicia llegó a manos del fiscal Comparatore. Este dictaminó que los piqueteros podrían estar incursos en un delito que tiene una pena mínima de cinco años de prisión. Juristas discrepan con ese criterio que tampoco parece compartir el juez. Tras varios días de ofensiva, el Gobierno empezó a emitir señales de distensión.

 Por Victoria Ginzberg

El fiscal Luis Comparatore opinó que, de acuerdo con la denuncia que hizo el Gobierno, los piqueteros que el miércoles pasado le impidieron al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, salir de su despacho, merecerían ser arrestados. En un dictamen que firmó junto a Patricio Evers, el funcionario solicitó que “si se demuestra” el hecho investigado y “se logra identificar a sus autores”, “se proceda a la inmediata detención de los presuntos responsables a los efectos de su posterior declaración indagatoria”. “Todavía no se puede decir que se vaya a detener a alguien porque la causa ni siquiera tiene imputados. No se sabe quiénes son los acusados”, dijo a Página/12 el juez federal Norberto Oyarbide, tomando distancia respecto de una supuesta inminente orden de arresto contra quienes protestaron frente a la cartera laboral. El magistrado citó a Tomada para que mañana diera detalles sobre el “bloqueo” de la puerta del ministerio.
Comparatore y Patricio Evers señalaron en su dictamen que “de modo alguno se pretende coartar los derechos constitucionales de reunión y de peticionar a las autoridades” y que no se debe confundir “el ejercicio de promover la acción de la justicia en defensa de los intereses generales con la denominada ‘criminalización de la protesta social’”. Sin embargo, agregaron que “no podemos pasar por alto que para evitar en el futuro más hechos de gravedad donde deba intervenir la Justicia penal, es menester que tanto las autoridades del gobierno nacional como las de la ciudad dispongan todas las medidas de prevención y contención necesarias para mantener la paz social en el marco del respeto a los derechos individuales”.
Después de recibir el dictamen de Comparatore y Evers, Oyarbide hizo lugar a varias de las medidas solicitadas por los fiscales. Ordenó a expertos en planimetría de la Policía Federal que informaran sobre todos los accesos al Ministerio de Trabajo. También pidió a la policía que le enviara los datos de los efectivos que participaron de la custodia y seguridad de la sede de la cartera laboral y las grabaciones de la institución. A los canales de noticias les reclamó los videos de las imágenes que hayan registrado los días de los hechos. Además, le pidió a Tomada que, cuando se presente mañana en el juzgado, aportara un listado con la nómina de todos los ocupantes del edificio entre las 21 del 22 de octubre último y las 6 del día siguiente, ya que planea citar a todas las personas que estuvieron “bloqueadas” junto al ministro. Sólo después de escuchar los testimonios y analizar los videos Oyarbide tomará una decisión sobre la situación de los eventuales acusados.
De acuerdo a la narración que figura en la denuncia hecha por el Gobierno –que fue redactada por César Neffa, asesor jurídico de Tomada– los piqueteros se presentaron imprevistamente en el Ministerio de Trabajo el pasado 22 de octubre para reclamar, entre otras cosas, “el otorgamiento de tres mil planes Jefas y Jefes de Hogar, alimentos frescos, carnes, lácteos y el apoyo de infraestructura para comedores y merenderos”. Según se describió, los funcionarios les contestaron que “era imposible” satisfacer el pedido y por eso, alrededor de las 21, “ante la falta de respuestas procedieron a bloquear las puertas de la calle 25 de Mayo 669”, mientras que “las vallas policiales se utilizaron en los otros accesos del edificio, por lo cual no fue permitido el ingreso y egreso de persona alguna a la sede del ministerio, debiendo permanecer en dichas instalaciones los trabajadores que en ella se encontraban”.
Específicamente, se señaló como responsables a los miembros del Frente Unico de Trabajadores Desocupados y Ocupados (Futrade), Movimiento de Unidad Popular 20 de Diciembre (MUP 20), la Tendencia Clasista 29 de Mayo, el Frente Independiente de Trabajadores Ocupados y Desocupados (Fitod) y el Movimiento de Unidad Popular (MUP).
Los fiscales opinaron que, de acuerdo a lo denunciado por Tomada, los piqueteros podrían haber cometido el delito previsto el artículo 142 bis del Código Penal. Allí se establece que “se impondrá prisión o reclusión de 5 a 15 años al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.
“La descripción del delito tiene que ajustarse a la conducta que el Código Penal describe y en este caso me parece que lo que hicieron los piqueteros no se ajusta a un secuestro extorsivo agravado”, señaló a este diario Martín Böhmer, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. “Creo que la situación se les fue de la mano tanto a los piqueteros como al Gobierno pero, en un contexto donde hay secuestros extorsivos, aplicar la misma figura porque al ministro no lo dejaron salir por cinco horas de su oficina es un poco arriesgado”, agregó. Böhmer aseguró que los jueces deben tener un “criterio de razonabilidad”, ya que “cualquier cosa no puede ser un secuestro”. Y comparó la situación con las personas que se subían a sus autos cuando se los llevaba la grúa y luego denunciaban privación ilegítima de la libertad.
Pedro Kesselman, vicepresidente del Colegio Público de Abogados, coincidió con Böhmer en el sentido de que “más allá de que uno pueda decir que hubo una provocación, es peligroso calificar este hecho como delito”. Para Kesselman asimilar lo que ocurrió a una privación de la libertad es exagerado.
“El piquete es una vieja forma de lucha sindical que viene del siglo XIX, cuando se impedía que las personas entraran a las fábricas. Si el Gobierno dice que no tiene intención de judicializar la protesta, debería intentar una mediación, ya sea con los organismos de derechos humanos o con el Colegio Público de Abogados. De otra forma, el corte de un puente por un reclamo social se va a calificar como un delito y entramos en un terreno gris que va al negro de la judicialización del conflicto social. El camino de la denuncia penal es peligroso y no tiene retorno. Sirve para tirar nafta al fuego y dar argumentos a los que quieren volver a la Doctrina de Seguridad Nacional y ven la protesta social como una forma de terrorismo”, señaló el vicepresidente del Colegio Público de Abogados.
La Asamblea Nacional de Trabajadores, donde convergen distintas agrupaciones piqueteras, anunció que realizará marchas de protesta para repudiar la persecución oficial y la Tendencia Clasista 29 de Mayo anunció que evalúa contestarle a Tomada con una denuncia por abuso de autoridad y discriminación (ver aparte).

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Los piqueteros que protagonizaron el incidente con Tomada se concentraron en Plaza de Mayo.
 
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