EL PAIS

Jujuy, 1852

 Por Horacio Verbitsky

La privación ilegítima de la libertad de la dirigente social Milagro Sala fue planificada por el gobernador jujeño, contador Gerardo Morales, con la participación de su flamante Fiscal General de Acusación, Sergio Enrique Lello Sánchez, designado por Morales al mismo tiempo que creó una mayoría automática de cinco miembros sobre nueve en el Tribunal Superior de Justicia, ampliado entre gallos y medianoche.

El 18 de enero, recién asumido su cargo, Lello dispuso que la fiscal de menores Liliana Fernández de Montiel interviniera “en todos los procesos que se radicaren en contra de la señora Milagro Sala y los integrantes de la red de organizaciones sociales”. Esta escandalosa resolución, que retrotrae la situación de los ciudadanos jujeños a 1852, antes que la Constitución Nacional prohibiera en su artículo 18 el juzgamiento por comisiones especiales, fue mantenida en secreto y recién trascendió el lunes 7 de marzo, casi dos meses después, cuando el juez Gastón Mercau rechazó el pedido de nulidad de la causa. Mercau es el ex yerno de la presidente radical del Tribunal Superior, Clara de Langhe de Falcone, quien lo designó para encargarse de las causas contra Milagro Sala, en reemplazo de otro magistrado que firmó la primera orden de arresto y de inmediato pidió una licencia. Los defensores de Sala habían pedido la nulidad por violación del principio del juez natural, ya que ni Fernández de Montiel ni Mercau estaban habilitados para intervenir. Cuando el juez le dio traslado, la fiscal Fernández de Montiel respondió en tono pendenciero, acusando de ignorante al defensor Luis Paz, para quien pidió sanciones pecuniarias por presentar “planteamientos estériles que se traducen sólo en intentos de voltear el proceso”. Entre las cosas que los defensores de Sala desconocían, mencionó tres resoluciones del Ministerio Público de la Acusación que, según el juez Mercau “no pueden ser desconocidas por las partes”. No podrían, si hubieran sido agregadas al expediente, cosa que recién ocurre ahora. “Tampoco se encuentran publicadas en la página web del poder judicial de Jujuy, por lo que a esta defensa le asalta la duda sobre de qué modo imagina el magistrado o la fiscal que las partes deben conocer aquellas resoluciones”. El 18 de enero, el mismo día en que el fiscal de Estado y el hermano del gobernador, Walter Morales, denunciaban a Milagro Sala, Lello dispuso que la fiscal Fernández de Montiel siguiera a cargo aún después de finalizado su turno, por supuesto con una remuneración adicional, y le encargó todos los procesos que se radicaren en el futuro contra la fundadora de la organización barrial Túpac Amaru y la red de organizaciones sociales. “Esta resolución tiene los efectos de un nombramiento, y como todo nombramiento debe hacerse constar en la causa ya que es equiparable a la agregación de un poder o una designación de funcionario. Tomar conocimiento de que han designado a una fiscal con competencia para intervenir en futuras causas que se radicarían en el futuro, que tengan a una persona como imputada –evidentemente el fiscal general contaba ya con alguna información que esta defensa desconocía– genera una convicción de la ilegalidad de su intervención y la arbitrariedad de aquella resolución”, afirman los defensores de Milagro, que aducen sentirse estupefactos. Luego se refieren a Fernández de Montiel como “la fiscal de Sala” o “un stopper que en un partido de fútbol debe seguir a un jugador vaya donde vaya en la cancha” y anuncian que llevarán este “escándalo jurídico de dimensiones internacionales a conocimiento de todas las instancias regionales y de Naciones Unidas”. De familia radical, el penalista Lello asesoró al bloque de diputados de la UCR jujeña en 2012 para la derogación del inconstitucional Código de Faltas de 1951, cuya autoridad de aplicación era el jefe de policía, tal como pasaba con el Código contravencional porteño. En sus fundamentos exaltó el debido proceso legal, el principio de legalidad y el derecho de defensa en juicio y advirtió contra las detenciones arbitrarias. Cuatro años, en Jujuy son una eternidad.

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