EL PAíS › LA CáMARA DE DIPUTADOS APROBó DOS PROYECTOS SOBRE SEGURIDAD

Una votación con matices

El proyecto sobre flagrancia recibió 171 votos a favor y 11 negativos, pero el Frente para la Victoria se retiró del recinto antes de votar el agente encubierto e informante, que fueron respaldados por 129 diputados.

La Cámara de Diputados aprobó ayer dos proyectos impulsados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Uno de ellos acorta y simplifica los procedimientos judiciales en casos de flagrancia, es decir, cuando las personas invlucradas son descubiertas mientras están cometiendo un delito. El otro, introduce y regula las figuras de agente encubierto, agente revelador, informante y entrega vigilada. La primera iniciativa recibió el apoyo de la mayoría de las bancadas, incluidos diputados del Frente para la Victoria, pero en el momento de la segunda votación ese bloque decidió retirarse del recinto en queja porque no fueron admitidas las objeciones y los cambios que habían presentado. Una de las críticas más repetidas en el debate fue que se trataba de regulaciones pensadas para el viejo código de procedimiento y que se debía acelerar la aplicación del nuevo código acusatorio, que fue paraliazada con un decreto por el Gobierno.

El proyecto sobre la figura de flagrancia recibió 171 votos a favor, 11 negativos y 9 abstenciones. El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, destacó el debate en torno a esta iniciativa, dijo que habían logrado introducir algunos cambios y que estaban conformes con el resultado. Enseguida agregó que como no había ocurrido lo mismo con el segundo proyecto, su bloque había decidido levantarse del recinto, cosa que los diputados comenzaron a hacer ante la queja del presidente del bloque radical, Mario Negri. Con este escenario, la regulación de las técnicas especiales de investigación fue aprobada por 129 votos y rechazada por nueve. Hubo tres abstenciones y 112 ausentes.

El proyecto de flagrancia implica que se acortarán los plazos y se agilizará el proceso de enjuiciamiento para en caso de que una persona sea arrestada mientras esté cometiendo un delito o apenas termine de hacerlo. Según detalló el diputado radical Luis Perti, se considera flagrancia “cuando el delincuente es perseguido por la autoridad policial, la víctima o el clamor popular”. El proyecto contempla que pueda aplicarse este procedimiento a hechos que tienen penas de hasta 20 años.

Durante el debate se introdujeron algunos cambios, como la imposibildad de aplicar este procedimiento para hechos que se den “en ejercicio de derechos humanos o sociales”, es decir, que no se puede usar para criminalizar la protesta, pero sí si se cometen otros delitos en el marco de una movilización.

Las técnicas especiales de investigación que fueron votadas son:

- Agente encubierto: es un miembro de las fuerzas de seguridad que se infiltra en una organización criminal para conseguir información. Se le perdonan los delitos que pueda cometer en esa función siempre que no impliquen poner en riesgo la vida de una persona, su integridad o la imposición de un grave sufrimiento. Esto último fue agregado en el transcurso del debate en las comisiones, ya que en la redacción original el agente encubierto podía hasta llegar al asesinato de los miembros de la organización en la que se infiltrara. La “carta blanca” para delinquir fue una de las críticas más repetidas por los diputados en la sesión de ayer.

- Agente revelador: Es un miembro de una fuerza de seguridad que simula interés en cometer un delito para poder identificar a los involucrados en un hecho. No debería “provocar” el delito.

- Informante: Una persona que da sistemáticamente información a la policía a cambio de ventajas económicas o procesales. Su identidad es secreta.

- Entrega vigilada: Implica la suspensión de la detención de personas o el secuestro de bienes cuando puede afectar el éxito de la investigación. Se vigilan los bienes mientras se recolecta información.

El debate, en el que en muchas bancas se vieron carteles con la leyenda “Ni Una menos”, fue abierto por Petri, presidente de la comisión de Seguridad Interior, quien señaló que con el procedimiento de flagrancia se “defenderá al imputado en sus derechos” se “asistirá a la víctima y atenderá el reclamo de la sociedad”.

Desde el Frente para la Victoria, la diputada Diana Conti dijo que el proyecto que crea las figuras especiales para las investigaciones era “un retroceso” y que se buscaba “volver a la vieja dinámica donde los dueños de la investigación son los policías, con un leve control del juez”.

“Bajo la denominación de técnicas especiales de investigación se normativizan figuras e institutos que podrían retrotraernos a resultados de un estado policial que en modo alguno deseamos” y como ejemplo, dijo que la figura del informante “habilita métodos extorsivos a las fuerzas de seguridad”.

Las diputadas Margarita Stolbizer, del GEN, y Victoria Donda, de Libres del Sur, rechazaron ambas inicictivas y compartieron sus criticas con Myriam Bregman, del FIT, quien había presentado su propio dictamen de minoría. “No hay leyes sustantivas ni la instalación de un proceso acusatorio, no hubo debate, discusión ni consultas con organizaciones, son reformas parciales sobre un código viejo, son injertos en un sistema vetusto”, dijo Stolbizer. “Las técinas especiales se venden como novedosas pero no lo son, fueron pésimamente usadas por las fuerzas de seguridad y la justicia. (El ex juez Juan José) Galeano, en la causa Amia usó informantes y agentes encubiertos. Terminaron sirviendo para encubrir delitos”, agregó Donda. Sobre la flagrancia, señaló que “tiene una dirección clara y no es atacar el delito complejo, porque es más facil agarrar a los pibes que perseguir el crimen organizado”.

Bregman, a su turno, afirmó que “se les da una enorme facultad a las policías para extorsionar, armar causas, plantar pruebas, y se legalizan las detenciones arbitrarias. Nadie puede pensar que los grandes criminales de este país ni los corruptos ni los que tienen cuentas offshore van a ir a la cárcel con estos procedimientos”.

Como muchos otros diputados de la oposición, Pablo Kosiner, del PJ de Salta, dijo que había sido un error el decreto de necesidad y urgencia que postergó la vigencia del Código Procesal Penal. “Esperamos que se pueda definir un cronograma de aplicación que de celeridad y eficiencia al problema del delito”, aseguró.

En el Gobierno, en tanto, no parece haber apuro por aplicar el nuevo código acusatorio, en el que el rol protagónico lo tienen los fiscales, en tanto que los jueces actúan como agentes de control. Este sistema, según los planes oficiales, empezará a regir en Salta y Tierra del Fuego el año que viene. Y podrían pasar entre cuatro y seis años para que los fiscales tomen en control de las investigaciones en la ciudad de Buenos Aires.

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En el proyecto sobre flagrancia se introdujeron algunos cambios y tuvo amplio respaldo.
 
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