EL PAíS › EN LA JURA COMO MINISTRO, ARSLANIAN ANUNCIO
LOS EJES DE SU PROGRAMA CONTRA LA INSEGURIDAD

Tres años para poner en caja a la policía

La nueva fuerza de seguridad del conurbano tendrá 2000 efectivos. Habrá una “cuidada depuración” de la Bonaerense. Y se incorporará el área social al manejo de los focos de violencia. Las medidas son parte del paquete que afina Arslanian. La situación “no cambiará de la noche a la mañana”.

 Por Carlos Rodríguez

Para generar confianza, el flamante ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, ni siquiera mencionó el influjo negativo del martes 13. Ante un Salón Dorado de la gobernación lleno hasta la asfixia, expuso su plan para crear “una nueva policía del conurbano, independiente de las existentes”, que esté concebida como “policía de seguridad, funcional a su articulación con fuerzas federales”. Como paso previo se comprometió a terminar con la corrupción que evidencia la “intervención de policías en la comisión de graves delitos, las serias sospechas sobre la existencia de zonas liberadas o la cobertura a la actuación de malhechores”. Arslanian anunció un Plan Trienal de Reordenamiento Policial que crea una academia para formar agentes; fortalece la “inteligencia criminal” con aporte de tecnología para combatir secuestros extorsivos y narcotráfico; pone en marcha un Grupo de Respuesta Múltiple que une al gabinete social con la seguridad para contener “situaciones de violencia y conflictividad social”; reformula el escalafón policial para permitir el ingreso de civiles, incluso en puestos de mando; modifica la estructura salarial para premiar “responsabilidad del cargo, habilidades adquiridas y calidad del desempeño”; recompone Asuntos Internos y refuerza el control a través de los foros de seguridad comunitarios.
Tanto Arslanian como el gobernador Felipe Solá condenaron la interrupción de la reforma policial, en 1999, durante el gobierno de Eduardo Duhalde y con la prédica de “mano dura” enarbolada por el entonces candidato Carlos Ruckauf. El gobernador Solá dijo que la reestructuración “no empieza de nuevo, la comenzamos hace casi tres años (...), cuando abandonamos una política (impulsada por Ruckauf) que no compartíamos y que fue responsable de que el doctor Arslanian tuviera que alejarse del ministerio al que hoy vuelve” (ver aparte). Arslanian descartó que el ejército vaya a cumplir en las calles “cualquier tarea relacionada con la seguridad” y sostuvo que si la reforma iniciada en 1998 hubiera continuado sin interrupciones “hay tendríamos una policía saneada”.
En el final de su discurso, para no generar falsas expectativas, dijo que quería ser “franco y honesto” con los bonaerenses y advirtió que la situación actual “no cambiará de la noche a la mañana”, aunque consideró que “sería un logro si consiguiésemos que empezase a cambiar a partir de mañana”. En presencia de las más altas autoridades provinciales y nacionales, entre ellos el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, y el secretario de Seguridad, Norberto Quantín –que mostraron así el respaldo del gobierno nacional (ver página 4)–, el retornado ministro afirmó que “el incremento del crimen en el conurbano bonaerense” se viene produciendo “a pesar de la dotación extraordinariamente numerosa que registra la planta actual”, con cerca de 50.000 agentes, lo que lleva a “la conveniencia de crear una nueva policía de seguridad, funcional a su articulación con las fuerzas federales y apta para satisfacer el criterio de comando conjunto, conforme los planes que se acuerden con la Nación”.
Arslanian confirmó que su gestión apuntará a un “modelo de organización descentralizado y un reordenamiento funcional del personal”. La nueva policía tendrá “su academia y reclutamiento independiente y un mando también independiente”. Para lograr ese objetivo, el gobierno provincial tiene previsto mejorar el presupuesto de la fuerza y contará con fondos de la Nación. El ministro de Defensa, José Pampuro, anticipó el aporte de material logístico, aunque Arslanian aclaró que “no habrá personal militar patrullando las calles, ni siquiera conduciendo vehículos destinados a la seguridad, porque no es ésa la tarea de las Fuerzas Armadas”.
Arslanian dijo que el problema de la delincuencia no pasa sólo por las tareas de seguridad. “Los problemas más graves de seguridad se producen, en especial, en el primer cordón, donde coexisten la riqueza con la extrema miseria.” Para el ministro se trata de “un área de extrema conflictividad social, por la marginalidad y la exclusión en la que viven millones de personas que se encuentran fuera de las instancias de controlsocial formales, informales, primarias o secundarias”. Al mismo tiempo se produjo, a partir del secuestro asesinato de Axel Blumberg, “un estado de crispación social expresado en una clamorosa demanda por parte de una sociedad cautiva de una ola de violencia”.
En ese marco, “uno de los problemas más graves que aqueja a la policía es la corrupción, cuyo origen es el modelo de organización autoritario, burocrático, autonómico, agravado por el desquiciamiento moral a que la dictadura militar condujo a la fuerza por ausencia de controles y connivencia política”. El ministro insistió en que durante su primera gestión se produjo “la disolución de la Bonaerense”, la llamada “maldita policía”, aunque admitió que persiste “la participación policial en la comisión de graves delitos, las sospechas de existencia de zonas liberadas o la cobertura dada a la actuación” de la delincuencia. El ministro dijo que “nada servirá si no se organiza y activa la participación de la comunidad en el control de sus policías”.
Estos son los puntos principales del Plan Trienal de Reordenamiento Policial anunciado ayer por Arslanian:
- Descentralización de las Policías Departamentales en un proceso de autonomía plena y autogestión.
- Creación de una nueva policía “de seguridad” para el conurbano, que tendrá una academia y una forma de reclutamiento independiente. Esta nueva policía contará con unos dos mil efectivos.
- El “Grupo de Respuesta Múltiple” está integrado por el gabinete social y toda la estructura de Seguridad, a fin de “contener las situaciones de violencia y conflictividad social”.
- Fortalecimiento de la Inteligencia Criminal a partir de su rediseño y de la información de fuentes judiciales que hoy es desperdiciada.
- La División Antisecuestros y la sección Narcotráfico, las más conflictivas por la gravedad de los delitos, serán reforzadas con la incorporación de informática, comunicaciones y logística.
- La corrupción policial será enfrentada mediante “una cuidadosa depuración que permita discriminar entre los excelentes policías y los malos policías”. Se dispondrá la recomposición de Asuntos Internos y se hará un control de inteligencia externa sobre la fuerza.
- Será modificado el régimen escalafonario con una nueva Ley Orgánica de Personal que prevé el ingreso al escalafón policial de civiles que podrán ser policías. Estos serán egresados de los institutos de formación policial, de las universidades e institutos de enseñanza superior, previo examen de admisión.
- El nuevo escalafón tendrá nueve grados. Para los grados 7, 8 y 9 se requerirá título universitario. No se exigirá un tiempo mínimo para ascender. Se premiará “el mérito y se estimulará la competencia”.
- Se modificará la estructura salarial para recompensar la calidad del desempeño, responsabilidad del cargo o habilidades adquiridas.
- Se modificará el régimen de jubilaciones y pensiones, estableciéndose como edad tope los 60 años y el pago del 100 por ciento del haber para quien tenga 35 años de servicio.
- Será rediseñada la prevención del delito, con apertura de calles, instalación de luces, provisión de servicios sanitarios y “vigilancia efectiva”.

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El gobernador Felipe Solá dijo que la reforma se reinició hace tres años, “cuando abandonamos” la política de mano dura de Ruckauf.
 
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