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A trece años del asesinato de Walter Bulacio a manos de la policía, el comisario Miguel Angel Espósito, principal acusado del caso, podría ser exonerado de esa fuerza y perdería todos los beneficios. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) pidió que fuera separado de la Federal porque “puso de relieve su traición a la confianza otorgada por el Estado como integrante de una fuerza de seguridad”. El jefe de la FIA, Manuel Garrido, avanzó en este sentido siguiendo los lineamientos del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó al Estado argentino tras determinar que la detención de Bulacio fue un procedimiento “arbitrario, ilegítimo, abusivo e irregular”. Dentro de pocos días se cumple el plazo establecido por la CIDH para que el Estado argentino revierta su conducta en el caso Bulacio, y ésta es prácticamente la única medida que ha sido cumplida. “Walter también era un chico que nunca volvió a su casa”, comentó a Página/12 una fuente judicial, en alusión al caso Axel y otros pibes secuestrados. La diferencia es que en el caso Bulacio los responsables están identificados hace más de una década.
“Los funcionarios policiales deben hacer cumplir la ley, respetar la dignidad humana y mantener y defender los derechos humanos de todas las personas (...); el comisario Espósito faltó a ellos, al desempeñarse con arbitrariedad manifiesta, abusando de su autoridad”, escribió Garrido.
El 19 de abril de 1991, el adolescente Walter Bulacio y medio centenar de chicos como él fueron víctimas de una razzia y terminaron apaleados por la policía frente al estadio de Obras Sanitarias donde se presentaban los Redonditos de Ricota. El joven de 17 años fue golpeado en la comisaría 35ª por el propio comisario Espósito, según declaró ante la Justicia el policía Fabián Sliwa. Nunca dieron aviso ni a su familia ni al juzgado de turno. Fue trasladado a un hospital y murió tras siete días en estado de coma.
El comisario Espósito, responsable del operativo, fue sobreseído a mediados de 2002 por la Cámara del Crimen porteña, porque ese tribunal consideró que había prescripto el tiempo para investigar la muerte de Walter. Durante todos esos años, su abogado, Pablo Argibay Molina, presentó cantidad de escritos que fueron dilatando la resolución, hasta que logró su objetivo: el caso quedó impune por “prescripción”. Sin embargo, la abogada de la familia, María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), acudió ante la CIDH y en febrero de 2003 logró que el Estado argentino reconociera su responsabilidad en el caso. De todos modos, esto no evitó un durísimo pronunciamiento de la CIDH, de setiembre de 2003, en el que consideró que en esta causa “no puede invocarse la prescripción”, lo que significa que “deberían continuar y concluir las investigaciones para sancionar a los responsables de la muerte del joven”. Además, la CIDH fijó una indemnización para la familia y conminó al Estado argentino a “modificar leyes y prácticas policiales para evitar que casos como este sigan ocurriendo”. Y determinó que “las razzias policiales son contrarias a los derechos humanos”, y por lo tanto “deben limitarse las facultades policiales de detener personas sin orden judicial”.
El Estado argentino reconoció que había violado los derechos de Walter y admitió que fue detenido ilegalmente. Esto implicaba un histórico compromiso oficial ante la CIDH para promover un cambio en la normativa sobre detenciones y procedimientos policiales. Pero nada de eso ocurrió.
El Estado hizo poco y nada de lo que la CIDH estableció, pese a que los fallos de ese organismo son de cumplimiento obligatorio. La familia Bulacio cobró la indemnización, pero la causa sigue empantanada en los oscuros pasillos y despachos de la Corte Suprema. En diciembre pasado, el procurador general ante la Corte abrió el recurso extraordinario que permitiría revisar el caso y revocar la prescripción y el consecuente sobreseimiento de Espósito, pero sin mencionar el fallo de la CIDH, que estableció un plazo de seis meses para su cumplimiento. El abogado del comisario recusó al juez de la Corte Raúl Zaffaroni, y nada más se supo del expediente. Uno de los puntos esenciales es la reposición de la madre de Walter, Graciela Scavone de Bulacio, como querellante en la causa.
La exoneración del comisario retirado Espósito había sido solicitada hace tiempo por los querellantes, para que deje de cobrar un sueldo como retirado, entre otros beneficios. El sumario administrativo estuvo congelado a la espera de la sentencia definitiva en la causa penal. Tras la resolución de la CIDH, el nuevo fiscal de Investigaciones Administrativas lo desempolvó y determinó que se aplicara a Espósito “la sanción de exoneración”. El dictamen sienta jurisprudencia porque se adelanta a señalar las responsabilidades administrativas, mientras que las penales siguen pendientes en los Tribunales.