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En poco más de una hora, los senadores comenzaron ayer a poner término a una histórica desigualdad. Con el respaldo de 48 votos y la abstención del radical chubutense Norberto Massoni, el Senado aprobó el proyecto que obliga a los jueces a pagar el impuesto a las Ganancias. “No es cierto que la norma afecta la intangibilidad de las remuneraciones, ni es cierto que afecta la independencia de los miembros de la Corte”, señaló Jorge Capitanich al defender la iniciativa como miembro informante por el PJ.
No hubo mucho debate. “No es cierto que sea confiscatorio para los jueces”, dijo el radical mendocino Ernesto Sanz al apoyar el proyecto. Para la frentista Vilma Ibarra, la sanción “repara una inequidad”. De paso también recordó que “es muy difícil conseguir el sueldo de los jueces de la Corte”. El rosarino Rubén Giustiniani reparó en lo “patético que resulta leer las definiciones de Julio Nazareno (ex titular de la Corte) en defensa de este privilegio”. Al final del debate, el jefe de la bancada peronista, Miguel Angel Pichetto, recordó las consultas previas que llevó adelante la Comisión de Presupuesto con los sectores involucrados en la iniciativa. “Es un proyecto que tiene rechazos en el ámbito judicial, pero que toda la sociedad entiende que es una buena ley”, concluyó.
La única abstención también tiene su explicación. Massoni es un ex magistrado. Supo ser miembro del máximo tribunal de Chubut. Y no por casualidad son los jueces los principales críticos con la iniciativa. Al exponer los fundamentos del proyecto, Capitanich estimó que una vez que la norma entre en vigencia se recaudará entre 79 y 84 millones de pesos anuales. La cifra mostraba poner de relieve lo exiguo de la medida en términos económicos en contraposición con la importancia simbólica de priorizar la igualdad ante la ley.
El proyecto contempla que la base imponible del impuesto saldrá del sueldo básico, del suplemento salarial previsto en las acordadas 93 y 94, la compensación jerárquica y la compensación funcional. Por el contrario no serán tenidos en cuenta los items por antigüedad y el pago por desarraigo que perciben los miembros de la Corte Suprema.
A principios del 2002, el gobierno de Eduardo Duhalde envió al Congreso un proyecto en el que se obligaba a pagar ganancias a los nuevos jueces. La norma excluía a quienes estaban en funciones. En noviembre del 2003 la Cámara de Diputados dio su media sanción a un proyecto que solamente obligaba a tributar el impuesto a los miembros de los tribunales de fiscalización y no a los jueces. El Senado revisó ese criterio e incorporó a los magistrados de todos los fueros.
El principal argumento de quienes se muestran partidarios de que los jueces no paguen impuesto a las Ganancias remite al artículo 11º de la Constitución Nacional. Allí se establece que “los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones”.
No todos los funcionarios del Poder Judicial se manifestaron en la misma línea. “Me parece que los jueces y los legisladores en una república también son ciudadanos y deben estar alcanzados por la plenitud del impuesto y no por una parte de él”, dijo el doctor Casás, del Superior Tribunal de Justicia del Gobierno de la Ciudad, cuando fue consultado por el Senado. Ahora la última palabra la tendrán los diputados. Si no aceptan las modificaciones del Senado, el proyecto perderá estado parlamentario y no podrá volver a tratarse por un año. Si en cambio son aceptadas, se convertirá en ley y tal vez la señora que está en los tribunales con los ojos vendados tenga un mejor equilibrio con la balanza.