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La distancia que separa La Plata de la Casa Rosada no se mide sólo en kilómetros: se mide en millones de pesos. Lo demostraron ayer el gobernador bonaerense, Felipe Solá, y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que empezaron a acercar posiciones en el departamento del ministro, en la Recoleta. El acercamiento se produjo por una oferta de Fernández: un monto fijo por tres años para financiar programas de la provincia en el conurbano y la periferia de Mar del Plata. “Estamos empezando a tejer las bases de un acuerdo integral para los próximos tres años”, evaluó Solá. La buena onda entre “el Solá” y uno de “los Fernández” –así se habían llamado, con ironía, el viernes último– coincidió con el peor momento de la relación entre el Presidente y su ¿ex? socio Eduardo Duhalde. Con los bonaerenses, se sabe, no conviene pelearse en bloque.
Tras una postergación por enfermedad –una gripe de estación los afectó a ambos y obligó a posponer la cita por 48 horas–, Solá y Fernández analizaron cara a cara la pelea por la coparticipación y las deudas de la Nación. Solá asistió al encuentro con un listado detallado de los programas que están en jaque por falta de financiamiento. También llevó información detallada del presupuesto bonaerense. “Para cubrir muchos problemas no nos alcanza con la actual coparticipación ni con las deudas del Ejecutivo”, aseguraban cerca del gobernador.
El jefe de Gabinete prestó atención a las “problemáticas específicas de pobreza urbana” que describía Solá. El gobernador fundamentó sus reclamos con un argumento: que pese al crecimiento del nivel de actividad y del empleo, en el conurbano la indigencia sigue creciendo mes a mes. Solá explicó que la provincia tiene previstos programas de “seguridad, justicia, educación, asistencia social y salud” para las zonas más afectadas –el Gran Buenos Aires y las periferias de Mar del Plata y Bahía Blanca–, pero que no tiene los fondos necesarios para llevarlas adelante.
Tras la reunión, Fernández contó a los periodistas lo que había acordado con el mandatario bonaerense. “Me presentó un plan trianual de lo que serían los presupuestos proyectados de la provincia de Buenos Aires. Me explicó que tienen carencias en zonas urbanas y en el Gran Buenos Aires. Y me pidió el compromiso del Estado nacional para que lo ayude a salir de esa situación”, informó. Más tarde, en un programa de televisión, Solá dijo que confiaba en lo que le había dicho el jefe de Gabinete, pero que esperaba hablar con Néstor Kirchner sobre el tema. “Un principio de acuerdo con bases sólidas”, lo definió el gobernador.
Pero en la charla no se habló sólo de los programas concretos de la provincia. También conversaron sobre los 300 millones de pesos que adeuda la Nación por el subsidio a la caja jubilatoria y por los 170 millones en concepto de los institutos terciarios transferidos a Buenos Aires. El jefe de Gabinete aseguró que el Gobierno acelerará el traspaso de los 300 millones, pero no dio demasiadas precisiones sobre la otra suma. Lo mismo decían anoche en el gobierno bonaerense, donde descuentan que la deuda por el sistema previsional llegará a las arcas provinciales en poco tiempo. “Lo otro está en discusión”, admitían con resignación.
Sobre el tema central de la reunión –el proyecto de coparticipación–, no hubo coincidencia pero tampoco desacuerdos importantes. Sucede que la Nación prefiere postergar su discusión y dejar todo como está antes que impulsar cambios. Y el gobernador no quiere que se sancione una nueva ley por diez años si es desfavorable para la provincia. “Por diez años la provincia no puede firmar”, repetían en La Plata. La insistencia de los bonaerenses tenía sus razones: querían evitar que un eventual acuerdo fuera visto como un retroceso ante la presión del Presidente.
La solución que permitió el arreglo fue acortar el plazo del acuerdo. “Tres años” fue la consigna que aceptaron de mutuo acuerdo Solá como Fernández. Esa fórmula consiste, sencillamente, en limitar los acercamientos entre las partes al período que les queda tanto a la gestión del Presidente y del gobernador. Mientras tanto, en La Plata festejaban como una victoria las promesas de Fernández. Y explicaban que detrás de eso estaba en juego “cómo se administran” los 1900 millones de pesos del Fondo de Emergencia Social, ya previsto en el proyecto oficial, al que los bonaerenses llaman con cierto sarcasmo “Fondo K”.