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Cada vez más médicos bonaerenses se niegan a atender a personas acusadas de cometer delitos, según anunció el presidente del Colegio Médico provincial. Estas “objeciones de conciencia” –o “excusas de conciencia”, como las denominó, con involuntaria precisión, el funcionario– habrían crecido a partir del secuestro del joven Nicolás Garnil, cuyos padres son médicos. El Colegio profesional admite que el médico decline la atención de un paciente siempre y cuando haya otro médico dispuesto a sustituirlo y no se trate de una situación de emergencia. Y abrió la polémica: un ex jefe de neonatología en un hospital bonaerense observó que “la objeción de conciencia se refiere a no efectuar prácticas que el médico no apruebe, no a dejar de atender a determinadas personas” y recordó que “el juramento hipocrático nos compromete a atender a todos”. El presidente honorario de la Asociación Argentina de Bioética estimó “peligrosa” esta tendencia y observó que “las personas detenidas en comisarías (de ellas se trata) no han sido condenadas por tribunales competentes, por lo que rige la presunción de inocencia”. Una investigadora de la UBA se admiró: “Ni se me había ocurrido que pudiésemos llegar a esto”, esto es, “a que el juramento hipocrático ceda el lugar a una lucha entre comunidades, ‘ellos contra nosotros’, en una sociedad de exclusión”.
“Suena muy duro, pero voy a explicarlo –advirtió el doctor Mauricio Eskinazi, presidente del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, al iniciar su diálogo con este diario–: la sensación de inseguridad hace que muchos médicos nos consulten porque se sienten menoscabados para atender a pacientes que hayan cometido actos delictivos de esta naturaleza; entonces, ponen algún tipo de excusa de conciencia para ver si lo pueden derivar a otro profesional que no tenga problema en atenderlo.”
“Son casos puntuales... o antes eran casos puntuales: por ejemplo médicos que no querían atender a un violador de menores, y lo derivaban a otro profesional. Lo hacen porque la situación los supera anímicamente: muchos han sufrido asaltos, con violencia, en sus casas. Otros no, pero saben de situaciones de este tipo vividas por colegas. Esto los supera anímicamente, no se sienten en condiciones y quieren ver cómo pueden excusarse”, agregó Eskenazi.
Para el titular del colegio profesional bonaerense, “lo fundamental es cómo la inseguridad repercute en los médicos. Muchos han sido asaltados, lesionados; muchos no quieren salir a hacer consultas nocturnas porque hay lugares donde no pueden entrar, o porque les roban o porque les cobran un ‘peaje’ de diez pesos para poder circular. Hay lugares donde es muy difícil entrar de noche; hay que ir acompañado de un patrullero y una ambulancia que a veces no están, y de esto debiera encargarse en Ministerio de Seguridad de la provincia”, sostuvo Eskinazi.
El presidente de la entidad médica aclaró que esto se refiere a “presos detenidos en comisarías, no en penitenciarías. Ningún médico penitenciario se acercó a solicitar una exención de esta naturaleza, pero muchas veces en las comisarías hay delincuentes que pasan muchos años presos, y en ese lapso pueden sufrir diversas enfermedades por las cuales se los lleva a centros de salud públicos. En los hospitales, los médicos se suelen enterar de qué delito está acusado el paciente por el policía que lo tiene bajo custodia. En esa circunstancia, algunos médicos tienen una sensación de angustia, se sienten realmente mal, y ellos plantean la posibilidad de que otro médico se haga cargo del tratamiento”.
–¿Qué les responde el colegio profesional? –preguntó Página/12.
–En tanto haya otro colega que atienda al paciente, no hay ningún problema; y esto suele ocurrir en los lugares públicos, donde hay varios médicos; pero si no hay otro especialista, si no es posible derivar a ese paciente, entonces el médico lo va a atender, sin ningún problema.Eskinazi destacó que “estas consultas de los profesionales se incrementaron especialmente en estos últimos días, a partir del secuestro del joven Nicolás Garnil, cuyos padres son médicos”.
Distinto fue el punto de vista del médico Eduardo Duro, ex jefe de neonatología del Hospital de San Miguel: “La objeción de conciencia no se refiere a dejar de atender a determinadas personas sino a no efectuar determinadas prácticas con las que el médico desacuerde. Por ejemplo, un paciente puede pedir una operación de cambio de sexo; tiene derecho a hacérsela, pero el médico, según sus propios valores, puede no acordar y negarse. Pero, desde hace 25 siglos, los médicos obedecemos al juramento hipocrático, que nos compromete a atender a todos, sin hacer diferencias. Por supuesto, a uno puede resultarle violento atender a una persona que asesinó a un familiar directo de uno, ése es un caso especial; pero es peligroso que desde los médicos se plantee adoptar algo así como medidas punitivas”.
El juez Pedro Hooft, presidente honorario de la Asociación Argentina de Bioética, también estimó “peligroso que se acepte que los médicos decidan no intervenir, salvo casos excepcionales donde hayan sido afectados en forma directa por quien debe ser atendido”. El magistrado destacó que “habitualmente las personas detenidas en comisarías no han sido condenadas por tribunales competentes, por lo que rige para ellas la presunción de inocencia”, y comparó la situación planteada con la de los jueces, que “pueden y deben excusarse cuando se plantean causales objetivas que comprometan su imparcialidad, como en determinados casos podría comprometerse la serenidad y eficiencia del médico; pero un juez no puede excusarse por aversión a cierto tipo de delitos o situaciones; y el médico tiene el deber de asistir a la persona que requiere su atención, más allá de la opinión subjetiva que tenga respecto de ella”.
“Pero, ¿por qué no pueden atender esos médicos a esas personas? –preguntó Mabel Grinberg, titular de Antropología Social en la UBA–. ¿Cuáles son las dificultades, qué les pasa? Estas preguntas quedan cerradas por la simple negativa a tratar a esos pacientes, mientras las relaciones violentas de esta sociedad irrumpen en la vida de la gente y también de los médicos, a quienes se les exige una neutralidad técnica.”
Ahora, ¿por qué la dificultad de los médicos con este tipo de pacientes se agudizó, según el titular del Colegio, a partir del secuestro de un hijo de médicos? Esto es lo que más llama la atención de Josefina Martínez, del equipo de antropología política y jurídica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA: “Parece plantearse un conflicto entre comunidades; como los médicos fueran un actor social, y los detenidos otro actor social, y aquellos se sienten golpeados por estos”.
“Ni se me había ocurrido que podíamos llegar a esto –comentó la investigadora de la UBA–: a que el juramento hipocrático, según el cual el médico debe atender no importa a quién, se transforme en una cuestión de ‘ellos contra nosotros’, lleva a pensar en cómo la sociedad de la exclusión reforzó sus argumentos públicos a partir del caso Blumberg: el viejo ideal de la integración, para el cual todos formamos parte de la misma sociedad, con iguales derechos, se ha debilitado, y ganó peso el criterio autoritario para el cual uno no está obligado, por más juramento que haya hecho, porque pertenece a una comunidad golpeada por esos sujetos, los otros.”