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En el Senado, las quejas a la intervención federal a Santiago del Estero se transmitían en voz baja, pero todo cambió. Los más desencantados eran precisamente los senadores santiagueños del peronismo, Mario Mera y María Castro. A pesar de haber votado la intervención, ambos protestan por el destrato que les dispensa la administración porteña en su provincia. Estas críticas se hicieron públicas durante la sesión del pasado miércoles. Ese día circuló un proyecto en el que la Cámara alta expresa su rechazo ante la eventual reforma de la Constitución provincial. A última hora de ayer, la iniciativa contaba con una veintena de respaldos. La mayoría de ellos procede del propio bloque oficialista.
Además de los dos senadores santiagueños, los miembros de la bancada peronista que acompañan la declaración son: el riojano Jorge Yoma, los salteños Marcelo López Arias y Sonia Escudero, los pampeanos Rubén Marín y Silvia Gallego, la chubutense Silvia Giri, los misioneros Ramón Puerta y Mercedes Oviedo, el bonaerense Antonio Cafiero y el neuquino Sergio Gallia. También la suscriben la neuquina Luz Sapag y el radical santiagueño José Luis Zavalía. A última hora de ayer, la declaración circulaba entre la bancada radical. Se descartaba que la acompañarían varios de los miembros del bloque de la UCR. Aunque el proyecto aún no fue presentado en la mesa de entrada del Senado, el ruido político que produjo no pasó inadvertido.
El malestar de los senadores santiagueños tiene ya su tiempo. Cuando se le dio media sanción a la Ley de Responsabilidad Fiscal, que ayer tuvo su sanción en Diputados, la presencia de los santiagueños en esa sesión fue producto de numerosas negociaciones. Los legisladores dicen que intentaron, sin éxito, hacer escuchar sus quejas contra la intervención federal. Repiten que la administración de Pablo Lanusse los señala como miembros del juarismo, a pesar de que precisamente los dos dieron sus votos en favor del remedio federal.
En sus fundamentos, los senadores rechazan “la reforma de la Constitución de la Provincia de Santiago del Estero, la cual es impulsada por la actual intervención federal”. Entre sus argumentos recuerdan que la convocatoria a una Convención Constituyente es incompatible con la ley que le puso fin a los días de Juárez en el gobierno y facilitó la llegada de Lanusse a Santiago del Estero. También señalan que el llamado a una reforma constitucional es “incompatible” con lo dispuesto por la propia Constitución Nacional.
“La doctrina sostiene que, durante la intervención, la personalidad de la provincia permanece incólume y vigente su Constitución dado que las eventuales inconstitucionalidades que esa norma pudiera contener se remedian mediante el control judicial. Tampoco la intervención podría afectar al poder constituyente provincial por lo que no corresponde a aquélla modificar la Constitución”, fundamenta la declaración.
Ante la sorpresa de varios legisladores de la oposición, el proyecto de declaración estaba el miércoles en todas las carpetas que los senadores suelen ubicar en sus bancas. Fueron también varios los llamados telefónicos que desde Santiago del Estero realizó Pablo Fontdevila, destacado miembro del equipo de Lanusse. Las llamadas buscaban disuadir a algunos de los legisladores del oficialismo para que no acompañaran la declaración con su firma. En muchos casos, la mayoría, llegó tarde.