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En un contexto en el que cada vez resulta más evidente que la Argentina no podrá asumir simultáneamente las obligaciones emergentes de la reestructuración de la deuda y, a la vez, completar todos los pagos con los organismos financieros, esta semana el Gobierno intentará convencer al Fondo Monetario Internacional de la necesidad de postergar hasta el 2005 vencimientos por alrededor de 1000 millones de dólares. En tanto, otros 1300 millones, considerados impostergables, serán pagados apelando a las reservas del Banco Central.
La propuesta será presentada a John Thornton, el encargado en el FMI del caso argentino, quien llegará a Buenos Aires en los próximos días. La postergación sería el único punto a tratar, dado el congelamiento de las negociaciones decidido por el Gobierno a fin de concentrarse en la operación para reestructurar la deuda. En realidad, la virtual ruptura se produjo en un contexto en el que ya no era posible seguir renegociando con los privados sujetos a las constantes presiones del organismo financiero. En Economía evaluaron que el ruido político de los tironeos con el organismo afectaba el logro de un acuerdo satisfactorio con los privados.
En su objetivo de obtener la postergación de 1000 millones hasta el 2005, el Gobierno se vio alentado este fin de semana por reportes de prensa provenientes de Washington, según los cuales el Fondo no tendría inconvenientes en conceder la petición.
El Fondo ya había autorizado una postergación de vencimientos no obligatorios en 2002, inmediatamente después del estallido de la crisis que acompañó la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. “Esos pagos tienen vencimientos que no son obligatorios. Si un país tiene problemas para pagarlos, el Fondo puede autorizar, y generalmente lo hace, una prórroga de un año”, informó una fuente del instituto financiero.
El pedido de postergación se volvió necesario luego de que el directorio del FMI demoró la consideración de la tercera revisión de metas trimestrales del programa stand by acordado en septiembre de 2003. Según el acuerdo, la Argentina debía pagar sólo los intereses, mientras que los vencimientos de capital, luego de pagados se reintegraban automáticamente.
La administración de Néstor Kir-chner consideró la dilación en la consideración del cumplimiento de las metas como una nueva presión sobre la negociación con los acreedores privados. La razón es que las metas fiscales y monetarias del período habían sido cumplidas en exceso.
En realidad, la ruptura provisoria con el organismo no tiene mayores efectos para la economía, ya que, a pesar de la devolución de parte de los pagos efectuados, los de capital, desde la crisis el Fondo consiguió los suficientes flujos netos como para reducir su exposición en la Argentina, mientras que el país, a pesar del resonante default con los privados, se convirtió en exportador neto de capitales.
La semana pasada, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, anunció que la interrupción de las negociaciones con el FMI se producía para evitar que en septiembre se juntaran la tercera y la cuarta revisiones, precisamente en el momento más álgido de la renegociación con los bonistas.
La jugada dejó al país ante la alternativa de pagar con sus propias reservas los vencimientos de capital hasta ahora refinanciados o caer en default también con los organismos multilaterales, con los que hasta ahora cumplió rigurosamente. Pero la suspensión de las negociaciones sirvió también para que se vuelva lo suficientemente evidente el conflicto de intereses del FMI entre su condición de acreedor privilegiado y su papel de juez en la reestructuración de la deuda en mora.