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Después de varias postergaciones, el tribunal que juzga a los policías acusados junto al reducidor de autos Carlos Telleldín de participar en el atentado contra la AMIA, anunció que leerá su veredicto el 2 de septiembre. Los fundamentos de la sentencia de Guillermo Gordo, Miguel Pons y Gerardo Larrambebere, se conocerán unos cuarenta días después.
Este jueves, once de los acusados tendrán la oportunidad de decir sus “últimas palabras” ante el Tribunal Oral 3, y los restantes once podrán hacerlo el último día del juicio por la mañana. Quien inaugurará esta ronda será Telleldín, quien llegó al banquillo como supuesto partícipe necesario del ataque ya que fue el último poseedor del motor de una camioneta Trafic que apareció entre los escombros. En los tres años de juicio, el reducidor de autos habló varias veces pero no contestó preguntas. El año pasado quedó probado que en 1996 cobró 400 mil dólares a cambio de declarar contra cuatro ex policías bonaerenses. Por esta cuestión, entre otras irregularidades, el juez federal Juan José Galeano está al borde del juicio político, que comenzaría a avanzar una vez que se conozca el veredicto del tribunal.
Después de Telleldín podrán hablar los ex policías Juan José Ribelli, Raúl Ibarra, Anastasio Leal y Mario Bareiro, que igual que “el enano” están presos. Ribelli siempre se desligó del ataque y sostuvo que quedó involucrado como parte de un complot menemista. Los demás bonaerenses declararon en la misma sintonía.
Telleldín es el único que tiene pedido de prisión perpetua de todas las querellas y de la fiscalía. La querella unificada de la AMIA, la DAIA y los Familiares de las Víctimas pidió la misma pena para Ribelli, Leal e Ibarra y para Bareiro reclamó 20 años de cárcel. Memoria Activa, en cambio, no acusó a los ex policías por considerar que fueron incluidos en las maniobras del juez Galeano durante la instrucción de la causa.
Todo hace pensar que la decisión del tribunal se acercaría más al alegato de Memoria Activa y salpicará no sólo a Galeano sino también a varios funcionarios del gobierno de Carlos Menem que tenían participación en el área de inteligencia y las fuerzas de seguridad. A los ex policías los responsabilizarían por extorsiones y delitos comunes que emergieron durante el juicio oral.