[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por Felipe Yapur
e Irina Hauser

La Corte Suprema se voltea en 10 días o nunca”. “El que dice eso, es porque no quiere voltearla.” La primera frase la pronunció un duhadilsta. La segunda también. La primera iba acompañada de una aclaración: “La única posibilidad para que un cortesano renuncie o se jubile, es que no haya juicio”. La segunda afirmación terminaba: “Si estamos entregados a la batalla, alguna cabeza tiene que rodar”. Las dos posturas resumen la du(h)alidad permanente del gobierno nacional en muchos temas, exacerbada últimamente en relación a la permanencia de los supremos a quienes en febrero Eduardo Duhalde acusó públicamente de extorsión.
Ambas vertientes fueron explicadas por dos legisladores con mucha llegada al Presidente. Saben de qué hablan, no sólo porque es en el Congreso donde se dirime el juicio político al máximo tribunal, sino porque para este momento el Gobierno ha optado por delegar en ese ámbito cualquier posible negociación directa para apurar su salida.
No es que Duhalde se haya manejado en todo momento con esta estrategia, ni se sabe tampoco cuánto la sostendrá. Cuando la Corte dictó la inconstitucionalidad del corralito, la decisión tajante fue sacarse a los ministros de encima. La amenaza era demasiado seria. El entusiasmo comenzó a estancarse, hasta que otra vez los jueces amagaron con firmar un fallo que levantaría las restricciones bancarias, por lo menos para los porteños y San Luis, la provincia de Adolfo “el breve” Rodríguez Saá. El que entró a tallar en ese momento fue, curiosamente, el ministerio de Economía. Los contactos directos se multiplicaron y uno de ellos ocurrió el día en que el ministro Jorge Remes Lenicov se ligó un escrache en el Palacio de Justicia al asistir a la primera audiencia de conciliación con los puntanos. Las cacerolas lo catapultaron directamente al despacho del presidente de la Corte, el riojano Julio Nazareno.
Si era por conocer el estado de ánimo y la situación de debilidad de los ministros de la Corte, ni hacía falta una visita de Remes. Bastó que Nazareno se pasara varios días llamando a los presidentes de las comisiones del Diputados para intentar frenar el impuesto a las ganancias a la totalidad de los jueces. No tuvo éxito: en la madrugada del jueves los diputados aprobaron la norma que igualó a los jueces con la sociedad.
Así las cosas, en el Gobierno ahora no cultivan gran interés por “pelearse con la Corte”, según transmitió a este diario un funcionario de confianza del Presidente. “Lo importante en este momento es cerrar de una vez por todas el acuerdo con el Fondo”, repite el informante. “Lentamente el corralito ya se está desagotando solo. No nos preocupa lo que haga la Corte, en todo caso son ellos los que tienen que preocuparse”.
Que el tema de la Corte pierda peso en la Casa Rosada no quiere decir que Duhalde esté dispuesto a que el tribunal quede intacto. En su entorno especulan con la idea de que al menos tres cortesanos abandonen sus poltronas. Para eso parten de los siguientes datos:
* Tanto Nazareno como Guillermo López, del elenco estable de la histórica mayoría automática, dejaron trascender que estarían dispuestos a jubilarse si el Gobierno le pone freno al juicio político en su contra. Esa alternativa cobró cuerpo a pesar de los intentos de su abogado por minimizarla. “A mi no me consta”, dijo Gregorio Badeni.
* Una versión muy comentada en los tribunales federales incluía entre los candidatos a la renuncia a Adolfo Vázquez –único ministro que enfrentó a la comisión de juicio político– y a Antonio Boggiano, que sigue esperando a cambio algún puesto en un tribunal internacional.
* De todos modos, el que más cerca parece estar de alejarse es el ministro Gustavo Bossert. “Es extraño porque es el que menos causas tiene para ser condenado”, reflexionan en la comisión de Juicio Político. Con todo, los legisladores sostienen que eso no impedirá que su nombre forme parte del dictamen de acusación. “Está harto y muy deprimido por todo lo que está viviendo. La idea de renunciar está en su cabeza”, dijeron allegados. * Nada de esto sería posible si el Gobierno no contara ya con potenciales reemplazantes. Los nombres que barajan son el del jurista Alberto García Lema –asesor del Presidente que armó el pedido de per saltum de los bancos ante la Corte para presionar por el corralito– y el ex ministro de Justicia bonaerense, León Arslanian. También figuran los radicales Ricardo Gil Lavedra y Arnoldo Klainer. Otra opción incluye a los jueces de la Suprema Corte bonaerense Eduardo Pettigiani –ex ministro de Seguridad de Duhalde– y Juan Carlos Hitters. Esta “lista de candidatos” genera disgusto entre jueces y camaristas federales. “¿Dónde se vio que un gobierno de transición nombre jueces de la Corte?”, refunfuñan.
La responsabilidad de conseguir la salida de los jueces recayó, según fuentes del Ejecutivo, en el presidente de la Cámara baja, Eduardo Camaño, y el senador riojano Jorge Yoma. Ambos lo niegan. Como sea, el plan es más o menos el siguiente: para facilitar el diálogo con los supremos la primera clave es dilatar el proceso contra los cortesanos que avanzó más de lo que se esperaba. La instancia elegida para este congelamiento no es cualquiera: es el punto en que se están terminando de redactar los dictámenes de acusación. Para contrarrestar esta operación, los miembros más activos de la comisión impusieron el 25 de abril como fecha tope para emitir dictamen. La intención es acotar la discusión interna en los bloques, sobre todo en el justicialista. Los radicales ya tomaron la decisión de apoyar el juicio y los menemistas enfriaron sus críticas en los últimos días fruto del canal de negociación abierto. “Esto no es lo que acordamos con (el presidente de la comisión de Juicio Político) Sergio Acevedo”, se quejaron varios legisladores duhaldistas que ven en su actitud un desafío a las prácticas internas del bloque.
La du(h)alidad, en el fondo, no es una casualidad. Los vaivenes son característicos del Presidente y le resultan de gran funcionalidad. No parece haber mucha diferencia entre la hipótesis de que la destitución es ahora o nunca y la que dice que como sea, si estamos en el baile, a alguien hay que echar.