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El Archivo Nacional de la Memoria fue creado en diciembre de 2003 para concentrar testimonios y documentos sobre “el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las que esté comprometida la responsabilidad del Estado argentino y sobre la respuesta social e institucional a esas violaciones”. El objetivo es recuperar la información que pueda estar dispersa en distintos despachos oficiales para clasificarla y analizarla. Pero las aspiraciones del organismo acaban de incrementarse con un convenio con la Comisión de Lucha contra la Dictadura de Porto Alegre firmado por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Lo que comenzó como una iniciativa local, aspira a convertirse en un gran archivo regional en donde compartir información. De esta forma se busca colaborar en el esclarecimiento de los crímenes que tiempo atrás cometieron –en ocasiones conjuntamente– las dictaduras de los países latinoamericanos.
Una de las tareas realizadas por el Archivo Nacional, cuyo secretario ejecutivo es Carlos Laforgue, es la digitalización de investigaciones judiciales relacionadas con la última dictadura. En su primer año de funcionamiento el organismo incorporó cerca de 500 mil fojas de expedientes que llegaron desde Santa Fe, Tucumán, Jujuy, Chubut y la provincia de Buenos Aires y comenzó los trámites para digitalizar la llamada causa 13, es decir, la investigación que culminó con el Juicio a las Juntas.
Otra de sus prioridades es rastrear en el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas, Cancillería, el Servicio Penitenciario y otras oficinas dependientes del Poder Ejecutivo los papeles relacionados con las responsabilidades del Estado en violaciones a los derechos humanos. No se trata sólo de buscar información que pueda contribuir con la búsqueda del destino de las personas desaparecidas, sino también de bucear en el funcionamiento del sistema represivo. Aunque el archivo se enfoca principalmente en el período de la última dictadura militar, no se restringe a los años 1976-1983. La idea es que allí se recopile, sin limitaciones temporales, material que se relacione con violaciones a los derechos humanos, es decir, que involucre la responsabilidad del Estado.
“El archivo contiene a la ex Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas), pero la diferencia es que nosotros nos extendemos para adelante y para atrás. El Archivo de la Memoria no tiene fecha de inicio ni de fin”, señala Laforgue. Judith Said, directora del organismo, explica que están “trabajando con las pistas que deja la burocracia” porque “hay información que puede estar en dependencias insospechadas”. Y revela que hay indicios de documentación que puede ser aportada en las Fuerzas Armadas y Cancillería. “Nuestra esperanza es la enorme capacidad del Estado de producir papeles, de duplicar”, dice Laforgue.
Del Cóndor al Rodnoc
Así como durante la década del ’70 los países del Cono Sur intercambiaban información de inteligencia para llevar a cabo secuestros y asesinatos más allá de sus fronteras, las administraciones de esos mismos países buscan ahora colaborar para investigar aquellos crímenes.
El Archivo Nacional de la Memoria ya cuenta con una copia del archivo del terror de Paraguay y certificados de nacimientos y fichas dactiloscópicas de ciudadanos chilenos desaparecidos aquí que los encargados del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior de ese país entregaron a Argentina. El mes próximo los responsables del Archivo viajarán a Chile para recibir nueva información.
En el marco del Foro Social Mundial que se realizó en Porto Alegre, la Secretaría de Derechos Humanos firmó un convenio con la Comissao do Acervoda Luta contra a Dictadura de esa ciudad. El objetivo del acuerdo es intercambiar información o documentación entre los dos países, ya que Brasil decidió recientemente abrir el voluminoso archivo de la policía militar.
La intención del gobierno brasileño de compartir sus documentos secretos sobre operativos de la dictadura provocó el rechazo de miembros de las fuerzas armadas de ese país. Según publicaron medios locales, el ministro de Seguridad Institucional, general Jorge Armando Félix, le hizo llegar una carta al presidente Lula Da Silva en la que transmitía una “seria inquietud” de los militares por el posible intercambio de los archivos, medida que consideraban una “interferencia inaceptable en asuntos internos” de Brasil.
Pero esas quejas no parecen hacer peligrar la iniciativa. Said asegura que “hay una voluntad política de ambos países de reconstruir los archivos y acceder a documentación inédita hasta el momento. Nosotros seguimos empeñados en esta tarea e incluso luego de esta reacción de los militares brasileños hemos recibido una comunicación de Río de Janeiro para sumarse al trabajo que comenzamos con Porto Alegre”.