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Un nuevo proyecto para avalar el “corralito” circuló ayer por los despachos de la Corte Suprema. Los ministros podrían reunirse hoy o en los próximos días para resolver al menos el expediente –que arrebataron por per saltum– en que el juez contencioso administrativo Martín Silva Garretón habilitó a todos los porteños a retirar su dinero del banco a raíz de una presentación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. De todos modos, la Ley de Emergencia Pública prevé que toda apelación del Estado ante el máximo tribunal deja sin efecto las medidas judiciales previas. Ahora los supremos también tienen que resolver la recusación, por falta de imparcialidad, que presentó ayer en su contra un grupo de personas que había sido favorecido en primera instancia.
El proyecto de voto que circulaba ayer por las vocalías de la Corte era muy breve y proponía remitir los fundamentos a los del fallo con que los ministros obligaron al camarista civil Claudio Kiper a devolver 200 mil dólares al Banco Ciudad. Lo que el alto tribunal aún no hizo, y se tomará su tiempo en concretar, es fallar sobre el fondo del asunto, a pesar de que Silva Garretón calificó como inconstitucional al “corralito”.
En la Corte están esperando que cobre vigencia la Ley de Emergencia, que incorpora el “per saltum” al Código Procesal Civil para que el Estado pueda apelar directamente ante los cortesanos cuanta medida cautelar quiera. “Es el artículo contra Silva Garretón”, graficaba el sábado Jorge Matzkin (PJ), titular de la comisión de Hacienda de Diputados. Hasta ahora esa herramienta jurídica tan preciada por Carlos Menem en tiempos de las privatizaciones, sólo contaba con la dudosa legitimidad de un decreto de Fernando de la Rúa ideado para detener las demandas por rebajas salariales.
La nueva ley prevé que la apelación estatal deja sin efecto toda medida dictada previamente. En la causa impulsada por la defensora del pueblo Alicia Oliveira, ya la semana pasada antes de que el Congreso debatiera la nueva norma, se había presentado el Banco Central ante la Corte. En otros casos se presentó el Banco Ciudad. Los jueces de la Corte reclamaron el viernes 38 expedientes por “per saltum”. La jueza Liliana Heiland, que subroga a Silva Garretón, envió el de la defensoría y la recusación.
En teoría, los supremos deberán resolver primero su recusación, que fue presentada por el abogado Osvaldo Capasso, Adriana Nosovitky, Marta Uliski, Fabio Rowinski y Carlos Capasso. Ellos señalaron la falta de independencia del tribunal y pidieron, por ejemplo, que se analicen las llamadas entrantes y salientes de sus despachos. Proponen que se los reemplace por un tribunal ad hoc integrado por conjueces designados con participación de los colegios de abogados. Entre los argumentos, consignan que en una reunión en el Banco Central, se les hizo saber que debían “utilizar cualquier método para garantizar la sobrevida de los bancos y que si era necesario echarían mano a la Corte Suprema”. Osvaldo Capasso agregó: “Algunos ministros tienen plazos fijos en cuentas bancarias, por lo tanto tienen un interés en ese caso y deberían excusarse”.