Los represores Alfredo Astiz, Jorge “El Tigre” Acosta, Jorge Raúl Vildoza, Antonio Vañek y Héctor Febre comenzaron a ser juzgados ayer en los tribunales de Roma, acusados de “homicidio voluntario múltiple premeditado”, por la desaparición forzada de tres ciudadanos italianos durante la última dictadura militar.

Aunque los imputados no reconocieron la legitimidad de la Justicia italiana para eludir el proceso en su contra, excepto Vildoza que está prófugo, el tribunal los declaró en rebeldía y el juicio se realiza sin su presencia.

El fiscal Francesco Caporale los acusó por la desaparición forzada y la muerte de Angela María Aieta, madre del dirigente peronista Juan Carlos Dante Gullo, y de Giovanni Pegoraro y su hija Susana, que estaba embarazada. El tribunal presidido por Mario Lucio D’Andria fijó para el próximo 5 de octubre la audiencia en la que rescindirá la reserva sobre los pedidos formulados por los defensores.

El juicio también involucra al ex almirante Emilio Massera, pero su caso está paralizado hasta que se pueda verificar si sus actuales condiciones de salud le permiten o no estar presente en el juicio. De todas formas, el juez de la audiencia preliminar Marco Mancinetti dispuso anteayer que se envíe a las autoridades argentinas el pedido para hacer estudios médicos a Massera. El represor será sometido a un estudio psiquiátrico a cargo de los especialistas italianos Luigi Cancrini, Giorgio Bodino y Andrea Marasco. Los estudios deberán determinar el estado mental de Massera y decidir si se lo declara “incapaz por demencia” o no.

La fiscalía propuso como testigos a Horacio Verbitsky, Adolfo Pérez Esquivel, Eugenio Zaffaroni, Eduardo Luis Duhalde, Magdalena Ruiz Guiñazú, Luis Moreno Ocampo, Dante Gullo, Sara Osatinsky, Graciela Daleo, Mario Villani, Víctor Basterra, Pablo Díaz, Angela Boitano, Laura Bonaparte y Estela Carlotto, entre otros. Los testigos prestarán declaración en el tribunal italiano durante los meses de octubre y noviembre de este año. Carolina Silvestre, vocera del dirigente Dante Gullo, aseguró a Página/12 que “todos los testigos confirmaron su presencia para declarar. También se sumaron distintas ONG como las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas para apoyar este juicio” y agregó: “Vamos a hacer todo lo posible para que los militares vayan a Italia, vamos a poner nuestros propios peritos para demostrar que no están ni enfermos ni deprimidos ni locos”.

El fiscal que lleva adelante el caso, Francesco Caporale, fue ministro público en la causa que condenó a cadena perpetua a los ex generales Guillermo Suárez Mason y Santiago Riveros, y a cinco miembros de la Prefectura Naval por la desaparición y asesinato de ocho ciudadanos ítalo-argentinos. El juicio a estos ex represores, que pertenecieron al Grupo de Tareas 3.3.2 que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada, constituye el segundo proceso penal contra militares argentinos en Italia.