EL PAIS › EMPIEZA HOY EL JUICIO A CINCO REPRESORES EN CORRIENTES

Cinco rostros del horror

Escudado en su “precaria” salud, Cristino Nicolaides evitará estar sentado en el juicio por delitos de lesa humanidad en Corrientes. Dos coroneles, un capitán del Ejército y dos oficiales de Gendarmería son los procesados por terrorismo de Estado en esa provincia.

 Por Carlos Rodríguez
desde Corrientes

Las historias de Rómulo Gregorio Artieda y Juan Ramón Vargas, militantes de la Juventud Peronista desaparecidos en la provincia durante la dictadura militar, serán los ejes de la acusación contra cinco represores que comenzarán a ser juzgados hoy por el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Artieda es el primero y hasta ahora único desaparecido correntino cuyo cuerpo fue identificado por el Equipo de Antropología Forense en el año 2006. Lo habían secuestrado en la estación bonaerense de Burzaco, del ex ferrocarril Roca, y lo llevaron al centro clandestino de detención que funcionó en la sede del Regimiento de Infantería 9 de esta ciudad. A Vargas, miembro de la JP relacionado con las Ligas Agrarias, una organización que fue diezmada por la represión, lo secuestraron en Goya y también fue visto en el Regimiento 9. “Con el Mono Vargas, como lo llamábamos todos, yo pude conversar un rato mientras estábamos en el R-9, tabicados y esposados. Lo habían torturado mucho y él me dijo que tenía la certeza de que lo iban a matar”, afirmó a Página/12 José “Chengo” Almirón, un ex detenido-desaparecido del R-9 que desde 1980 está radicado en Alemania con sus cuatro hijos y sus nueve nietos. Chengo será testigo de cargo en el juicio oral.

La jornada de apertura del juicio oral, que comenzará a las 8 de hoy, sólo servirá para la discusión técnica entre los abogados defensores, la fiscalía y los querellantes. Del debate surgirán las líneas de acción de los que acusan y de los que defienden a los cinco imputados: el capitán retirado Juan Carlos Demarchi, los coroneles Horacio Losito y Rafael Manuel Barreiro y los oficiales de la Gendarmería Carlos Roberto Piriz y Raúl Alfredo Reynoso. La ronda de testigos recién se abrirá el martes de la semana próxima y uno de los más importantes será el médico policial Otto Eliseo Manzolillo. El fue quien hizo la autopsia de cuatro cadáveres que aparecieron flotando en el río Paraná, en la zona de Empedrado, entre los años 1976 y 1977. Los cuatro fueron inhumados como N.N. y el único identificado, hasta ahora, es el de Rómulo Gregorio Artieda.

“Los cuerpos tenían una característica común: les habían abierto el vientre, se supone que para que no pudieran salir a flote. En el caso de mi hermano, el cráneo no estaba intacto, lo que hace suponer que le habían disparado a la cabeza”, relató a este diario Ramón Artieda, hermano de la víctima y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, que es querellante en la causa del R-9. “La declaración de Manzolillo, que es una persona mayor, de alrededor de 80 años, sirve para certificar la metodología que se utilizaba para hacer desaparecer a las víctimas de la dictadura militar”, agregó el periodista Diego Cazorla Artieda, sobrino de Rómulo Gregorio Artieda. Los querellantes consideran probada la presencia del desaparecido Artieda en el galpón del R-9 que fue utilizado como centro clandestino de detención.

“Rómulo Artieda estuvo todo un mes, por lo menos, en el Regimiento de Infantería 9. Se lo habrían llevado tres o cuatro días antes del 9 de julio de 1977, día en el que se realizó un desfile militar del que participaron soldados de otras provincias y de países limítrofes. Como las delegaciones iban a ser alojadas en el R-9, sus jefes resolvieron retirar a los detenidos-desaparecidos, para evitar cualquier problema”, explicó Chengo Almirón. El cuerpo de Artieda fue hallado el 8 de julio de 1977. Artieda tenía 22 años en el momento de su desaparición. El galpón del R-9 fue reconocido o descripto, en forma coincidente, por al menos 13 testigos. “Algunos lo describieron ante la Justicia y otros lo reconocieron luego de una visita que se hizo en el marco de esta causa. En mi caso, primero hice un croquis, mientras estaba en Alemania, y después hice el reconocimiento en el propio R-9. Lo importante fue que hubo coincidencia entre el dibujo previo y la comprobación posterior”, comentó el testigo Almirón.

En la provincia, las primeras denuncias por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura fueron realizadas por la madre de Plaza de Mayo Esther Galarza de Artieda. “Ella hizo todo el recorrido, desde los hábeas corpus hasta las presentaciones a la Conadep, pero se murió con la cruz que significaba no haber podido romper la impunidad que protegía a los militares que habían asesinado a su hijo Rómulo”, recordó el sobrino del estudiante desaparecido y asesinado por la dictadura militar. El Chengo Almirón, a pesar de haber estado tabicado y esposado, cree que durante el período que estuvo en el R-9 había “no menos de 25 personas en la misma condición que yo”. El lugar donde estaba era “una zona de duchas, camino al baño, por la que pasaban muchas personas por día. En algunos casos, a pesar de la venda que me impedía ver, me las ingeniaba para espiar y así pude reconocer a muchos compañeros” y también al capitán Juan Carlos Demarchi, señalado como el interrogador desde su función de jefe de Inteligencia del área militar 231, con jurisdicción en la zona.

Una de las personas a las que vio fue al Mono Vargas, un activo militante de la JP ligado a las Ligas Agrarias. Sus familiares lo han reclamado siempre levantando una pancarta en la que el joven aparece saludando al ex obispo de Goya Antonio Devoto. “Con el Mono nos encontramos una vez que lo trajeron hasta el lugar donde yo estaba. Los dos estábamos en las mismas condiciones, tabicados y esposados, pero igual pudimos reconocernos y hablar unas palabras. El me dijo que lo estaban torturando mucho y que los interrogatorios que le hacían era muy duros. Por esa razón, me dijo que tenía la certeza de que lo iban a matar, de que no iba a poder zafar.” Junto con Vargas se llevaron a su novia, Dorita Noriega, quien también sigue desaparecida.

Al Chengo Almirón lo secuestraron mientras estaba en su casa, durmiendo en compañía de su familia. Sus hijos eran chicos, ninguno tenía más de 6 años. “El menor, que tenía un año, estuvo tres o cuatro años sin decir una palabra, por el miedo que había vivido aquella noche.” Junto con él se llevaron a su padre, Floro Almirón, que entonces tenía 62 años. “Mi viejo no tenía nada que ver con nosotros. Se lo llevaron al R-9. Yo lo veía sentado, esposado, tabicado y me daba una enorme tristeza.” Chengo estuvo detenido, a disposición del Poder Ejecutivo, hasta el año 1980, cuando emigró hacia Alemania. “Ahora quiero volver, pero mis hijos no quieren saber nada.”

Por el R-9 pasaron también Fernando Piérola, Luis Díaz y el Negro Duarte, tres de las víctimas de la matanza que se produjo en Margarita Belén, en el Chaco, en la que estuvo involucrado el general Cristino Nicolaides, quien no se presentará en este juicio, aunque también está como imputado. Los médicos forenses dicen que está muy enfermo y que ni siquiera le notificaron que fue condenado a 25 años de prisión en otra causa porque “no podría soportarlo” dado su estado de salud.

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José Almirón y Diego Cazorla son dos de los principales testigos del juicio.
Imagen: Leandro Teysseire
 
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