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Roberto Lavagna advirtió ayer que apelará la reciente decisión judicial de suspender las audiencias públicas con el argumento de que, de no mediar un aumento en 60 días, “hay riesgos progresivos de deterioro de los servicios”. En rigor, esa desmejora ya comenzó y el Gobierno dispone de pocas herramientas legales y escaso poder político para impedirla. La suspensión de inversiones fue el primer reflejo empresario ante el congelamiento de tarifas. El paso siguiente es incidir del modo que les sea posible sobre la sucesión presidencial, descartando que cualquier próxima negociación deberá encararse con las futuras autoridades.
La jueza Claudia Rodríguez Vidal ordenó suspender las audiencias con el argumento de que éstas deberían ser convocadas para renegociar íntegramente los contratos y no sólo para convalidar un aumento tarifario. El dictamen dejó en suspenso la realización de aquellos encuentros, condición ineludible para reajustar los precios de los servicios públicos, en particular los de luz y gas. Las asociaciones de usuarios seguirán yendo a la carga por la vía judicial para exigir la realización de las audiencias sólo en las condiciones exigidas, con lo cual al Gobierno se le complicará hasta lo imposible readecuar las tarifas mediante un decreto, como previó meses atrás.
“Algunos ajustes son necesarios. Y si estos no ocurren entraremos en una etapa de deterioro de los servicios”, advirtió Lavagna ayer. Casi al mismo tiempo, Aguas Argentinas divulgaba el balance del último semestre, que arroja un quebranto de 886 millones de pesos, por la suba de costos y, fundamentalmente, por el impacto de la devaluación en su deuda en dólares. Horas antes Edenor, advertía que sus costos operativos se incrementaron en un 88 por ciento desde comienzos del año. Dato que, combinado a la mayor morosidad, “impide hacer inversiones”, justificaron.
Más allá de las advertencias empresarias, hay múltiples ejemplos de obras suspendidas que aún no han tenido un reflejo en las prestaciones, salvo indicios aislados como la notoria demora en la instalación de nuevas líneas telefónicas. El marco legal de las concesiones hoy es bastante difuso. Los contratos pueden considerarse caídos de hecho por la violación de los compromisos de inversión que, a su vez, son respuesta a la desdolarización compulsiva de las tarifas. Estado y empresas tienen razones fundadas para la rescisión, pero ninguno la quiere. Menos las adjudicatarias que, de abandonar el negocio, difícilmente podrían rescatar los multimillonarios activos “hundidos” en los que ya invirtieron.
Las empresas presionan por la renegociación de los contratos, al igual que las asociaciones de usuarios y defensores del pueblo. Sin embargo, ambos postulan criterios diferentes para esa revisión. Esas organizaciones pretenden juzgar cada negocio en base a un sistema de premios y castigos que incluya la nulidad de alguna concesión. Las privatizadas anhelan nuevos acuerdos que les permitan condiciones de inversión más flexibles, mayores tarifas o subsidios, según los casos. El problema es que Duhalde no es considerado un interlocutor apto para ese cometido. Sin capacidad de control político sobre los otros poderes (legislativo y judicial), con un mandato transitorio y un período en alguna medida indefinido, los directivos de empresas privatizadas le imputan además poca confiabilidad. “Es imposible pactar algo con él, no respeta ningún código”, señaló uno de ellos a este diario.
Bajo el supuesto de un triunfo del PJ en las futuras elecciones, los directivos de las privatizadas comenzaron a buscar contactos informales con Carlos Reutemann, el más confiable entre los candidatos en danza y con amplia distancia, en este sentido, sobre Adolfo Rodríguez Saá. Los directivos de varias empresas privatizadas, con tal fin, estarían dispuestas a sumar su esfuerzo para convencer al santafesino de que se presente a elecciones.