¿La información de estas pericias es conocida? ¿Se usó, por ejemplo, en el Juicio a las Juntas, de donde vienen estos expedientes, o en otra ocasión para probar los casos? –preguntó Página/12 al juez Daniel Rafecas.

–Que yo sepa, nunca fueron publicadas. La verdad que no creo que se hayan usado en juicios previos.

–Sí, claro. Conocen la existencia y el contenido de los expedientes, ellos y sus abogados. El punto es que cada familia y cada abogado conoce su propio caso, como mucho algunos más, es decir, conocen el árbol o algunos árboles, pero no el bosque, quizá lo intuían, pero ahora esto está empezando a ser demostrado judicialmente.

–Sí, es que impresiona profundamente. Por meses estuvimos trabajando con estos informes forenses. Resulta desolador pensar que esas víctimas quedaron así, en ese estado, suspendidas durante 35 años. Pienso, ¿acaso hay algo que pueda ser más urgente que esto en términos de verdad y justicia? Es imperioso rescatar del olvido a estas víctimas, sus historias, sus casos, precisamente para demoler el muro de silencio, olvido e impunidad construido gracias a la fachada de los CGEE (hipótesis de “fachada” que se fundamenta en este procesamiento). Las pruebas de las masacres están ahí, para quien quiera verlas. Prácticamente todas las víctimas, en todos los casos, fueron rematadas con un tiro en la nuca o similar. Esto no es menor para la investigación judicial, pues contribuye a la verificación del dolo de encubrimiento de los aquí acusados: frente a este panorama, decir “yo no sabía nada”, o que los casos “estaban presentados como enfrentamientos armados” no puede ser admitido: las propias “pruebas” que formal y rutinariamente se sumaban a los expedientes desmienten eso sistemáticamente. Creo que este es un punto fuerte de la imputación plasmada en la resolución. De ahí el énfasis en detallar en cada caso estos aspectos. En suma, lo que surge de este centenar de expedientes es la puesta en marcha de un exterminio por goteo, con una estrategia de impunidad muy clara, a partir de la fabricación de falsos enfrentamientos (una práctica que luego va a continuar en democracia) y de la apropiación de la averiguación de la verdad posterior por parte de estos CGEE, que venían a ser una suerte de tribunales de no-verdad y de no-justicia. Tribunales que, en vez de orientarse a descubrir la verdad y hacer justicia, actuaban en un sentido exactamente opuesto. La Justicia del Estado de Derecho no puede mantenerse indiferente frente a este estado de cosas, y este procesamiento va en ese camino.