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La Cámara de Casación estará en los próximos días en condiciones de expedirse sobre la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Al recibir ese expediente desde la Corte Suprema, el tribunal lo había remitido a primera instancia para que las partes opinaran sobre la anulación de las normas establecida por el Congreso. Una vez cerrado el “debate”, Ballestero mandó la causa a la Cámara Federal, que ahora lo enviará de vuelta a la de Casación.