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El 30 de diciembre, diecisiete jueces penales de primera instancia, de cámara y de tribunales orales de juicio de la provincia de Buenos Aires, convocados por la presidente de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro, Celia Margarita Vázquez, reclamaron al gobernador Solá “la creación de plazas penitenciarias reales” para alojar a las personas detenidas en las unidades del Servicio Penitenciario y de la Policía bonaerenses y que disponga de los medios necesarios para que ese número de plazas se incremente cada año en un número “no inferior al de la tasa de crecimiento de la población carcelaria”, la cual según el propio ministerio de Justicia rondaría los 3200 detenidos al año. Los magistrados también reclamaron a Di Rocco que determine cuál es el concepto que utiliza para definir una “plaza penitenciaria” y descalificaron como “ficticio” el número de plazas que el Ejecutivo dice tener y que surge de una mera manipulación aritmética.
El 14 de diciembre la Suprema Corte Provincial giró a todas las jurisdicciones una curiosa resolución del ministro de Justicia Eduardo Di Rocco. En su artículo 1º determinó en 22.507 plazas o cupos la capacidad carcelaria bonaerense, pero en el 2º lo elevó “excepcionalmente” a 25.000, “en forma transitoria, dada la población carcelaria actualmente alojada y hasta tanto no se habiliten las nuevas plazas proyectadas”. En consecuencia, ordenó al Servicio Penitenciario que no autorice el alojamiento de nuevos detenidos que excedan de los 25.000 mencionados. Los magistrados, reunidos en San Isidro, establecieron que otros 5511 habitan en las comisarías provinciales. Esto implica que el cupo de 25.000 plazas fijado “artificialmente” ha sido “ampliamente superado ya que la provincia cuenta a la fecha con 30.277 detenidos”.
La resolución ministerial menciona la construcción de nuevas cárceles y prevé incorporar 5388 nuevas plazas en el primer semestre de 2005. Pero esas obras no están concluidas y dado que el número real de plazas existentes es de 22.507, sólo permitiría elevar la capacidad del sistema hasta 27.895 plazas, ya superadas hoy por el número de detenidos. Pero aun ese número de “plazas reales” que el gobierno informa tener es ficticio, ya que surge de “improvisadas ampliaciones de los sectores de alojamiento de detenidos en unidades ya existentes y con una capacidad originaria muy inferior”. El recurso usual es agregar camas en las celdas ya existentes, de modo que celdas de 2 por 2,50 metros pasan a ser “compartidas por dos y en algunos casos hasta tres o cuatro personas”. La capacidad del sistema no puede calcularse en función de la cantidad de camas o colchones “sino que debe abarcar una visión integral de disposición de bienes y servicios, que permitan asegurar a cada detenido su derecho a gozar de un hábitat sano y limpio, acceso al servicio de salud, alimentación, educación, trabajo, recreación, seguridad, contacto con su entorno familiar y garantías suficientes de que todos los derechos no interferidos por la penalidad podrán ser ejercidos plenamente”.
La resolución ministerial generará “un incremento incontrolable” del número de detenidos en comisarías, agudizando la superpoblación allí “hasta extremos absolutamente intolerables”. Los jueces sostienen que el Poder Ejecutivo no ha abordado la situación en forma suficiente y realiza “acciones que cuanto menos resultan paradójicas. Por una parte, ha instaurado una política criminal altamente represiva”, con leyes que limitan las excarcelaciones y la liberación anticipada de condenados, lo cual posibilitó el “encarcelamiento masivo de personas sometidas a proceso”, que se duplicó desde 2000. Por otra parte, el estado provincial toma conciencia tardía de su incapacidad “para sostener una política criminal con esa orientación” y dispone que no pueden recibirse más detenidos. La situación crítica del sistema carcelario no puede encontrar solución “si el Ejecutivo provincial, principal responsable de la misma, no se hace cargo de las condiciones que la provocaron y procura su modificación”. Para que una detención preventiva o la ejecución de una condena sean legítimas deben ajustarse a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. No se ha tomado en cuenta que el Poder Ejecutivo en su conjunto es responsable del respeto a esas reglas y que no puede eludir esas responsabilidades trasvasándolas de un ministerio (Justicia, del que dependen las cárceles) a otro (Seguridad, al que responden las comisarías). La resolución de Di Rocco señala la necesidad de “diseñar nuevos paradigmas que reduzcan la tasa de sobrepoblación carcelaria”, pero no se conocen medidas destinadas a revertir el mencionado proceso de encarcelamiento masivo, por lo cual la emergencia penitenciaria “no puede encontrar solución ni en el corto ni en el mediano plazo si desde el ejecutivo no se encara una política criminal tendiente a reducir el número actual de encarcelados”. Ante la emergencia, agregan, el gobernador puede indultar y conmutar penas, propiciar el rediseño de la legislación, poner a disposición de la justicia medios técnicos para el monitoreo electrónico u otros controles que permitan mantener la privación de la libertad fuera de la cárcel, reformular los principios de funcionamiento de la Junta de Selección del SPB y preparar a las personas en condiciones de obtener algún beneficio en la ejecución de la pena.
Durante la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 1º de diciembre a raíz de un hábeas corpus preventivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Di Rocco reveló el secreto de su política criminal: si la situación socioeconómica lo permite y Dios quiere, en algún momento las líneas de crecimiento de las tasas de prisionización y de construcción de nuevas unidades se cruzarán. El 90 por ciento de los 30.000 detenidos bonaerenses aún no han sido condenados y, según dijo Di Rocco, en el último año el 29 por ciento de los procesos terminó en absolución. Esto indica que Buenos Aires mantiene en condiciones vergonzosas a 8000 inocentes. De mantenerse el incremento superior al 10,5 por ciento anual en la tasa de prisionización, en menos de una década Buenos Aires encabezará la estadística mundial y dejará atrás a los indiscutidos líderes actuales, Estados Unidos y Rusia. La situación en los lugares de detención bonaerenses, donde en 2004 fue asesinada una persona por semana, es la peor piedra en el zapato de Solá, ridiculiza su marketing de renovador y progresista y, más allá de las palabras y de los malversados apellidos insignes con que cubre sus vergüenzas, lo iguala en el desprecio por los derechos humanos con su predecesor y compañero de fórmula, Carlos Rückauf.