“Me golpeaba, me violaba y me amenazaba de muerte poniéndome el revólver en la cabeza e introduciéndome el caño del arma en la vagina”, declaró Claudia Sosa ante la Justicia mendocina, tres años atrás, cuando la joven de 22 años fue juzgada por matar a su marido, un policía de esa provincia. Le disparó con su arma reglamentaria. Fue después de que el agente la tirara al piso, la pateara con los borceguíes puestos, le rompiera la ropa y la forzara a punta de pistola a tener relaciones sexuales. Lo mató cuando él se acostó a dormir. El de Claudia Sosa resultó un caso paradigmático de violencia doméstica sufrida por la pareja de un uniformado. Según relató ante el tribunal, la joven se presentó cinco veces a la policía para denunciar a su marido por malos tratos. Pero la mayoría de las veces se le rieron en la cara o la declaración se archivó.

La Cámara en lo Criminal la condenó a 15 años de prisión por “homicidio agravado por el vínculo conyugal con circunstancias extraordinarias de atenuación”. El tribunal consideró ciertos sus relatos de malos tratos y violencia y los tuvo en cuenta para atenuar la pena. La sentencia causó conmoción en la sociedad mendocina y movilizó a entidades de mujeres y de derechos humanos a reclamar su revisión. Finalmente, a fines de 2003 el ex gobernador mendocino Roberto Iglesias le redujo a la mitad la condena. Y desde hace unos meses, Claudia accedió a un régimen de libertad condicional.